Pactar contra el terror
Enrique López, portavoz CGPJ
Hace unos días he escuchado como el máximo responsable político de este país, decía que se debe acudir al diálogo, sin límites, ni ataduras, ni condiciones; en el pasado ya se repetían frases parecidas, tales como sin violencia se puede hablar de todo, con la paz todo es posible, etc. Estas expresiones requieren algunas consideraciones; yo creo que en cualquier tipo de diálogo siempre deben darse unos límites, unos presupuestos, unas condiciones previas, por que lo de que todo vale, no es posible; como mínimo habrá que respetar los marcos constitucional y legal, como algo que marca siempre el objeto y los límites del diálogo; en segundo lugar, debe existir un espíritu previo que debe ser compartido por todos, puesto que si no existe un mínimo común denominador es difícil prever los resultados de cualquier dialogo.
En la lucha antiterrorista, este espíritu previo, fue el que forjó el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo, acuerdo importante no por lo redactado, que también, sino por el espíritu que inspiró este consenso, y sobre todo por los fines que se perseguían; es cierto que un redactado, no puede convertirse en una idea fosilizada que impida adoptar nuevos acuerdos o enriquecer el consenso con nuevas ideas, pero lo que no es menos cierto es, que esta idea de superación, no puede permitir hacer papelones, por más que se califique al documento de papelito. Lo primero que se debe tener claro es que es esta materia se esta hablando, nada mas ni nada menos, que de la lucha antiterrorista, esto es, como se lucha, combate y erradica el terrorismo, algo absolutamente ajeno, a cualquier diálogo político con delincuentes.
Lo segundo a tener en cuenta, es que este espíritu debe estar marcado por “la firme resolución de derrotar la estrategia terrorista, utilizando para ello todos los medios que el Estado de Derecho pone a nuestra disposición”, frase literal del acuerdo. Esto es, que el Estado de Derecho no es adaptable a circunstancias que aconsejen la no aplicación de algunos de sus efectos; los terroristas deben saber, que las únicas consecuencias anudadas a sus actos son las que las layes disponen. Para reforzar este fin se expresó en el artículo primero del acuerdo que “El terrorismo es un problema de Estado. Al Gobierno de España corresponde dirigir la lucha antiterrorista, pero combatir el terrorismo es una tarea que corresponde a todos los partidos políticos democráticos, estén en el Gobierno o en la oposición. Manifestamos nuestra voluntad de eliminar del ámbito de la legítima confrontación política o electoral entre nuestros dos partidos las políticas para acabar con el terrorismo”; frases claras y contundentes que determinan que es al Gobierno a quien le corresponde dirigir esta política, con el apoyo de los partidos de la oposición, y sin que se genere contienda electoral; pero no es menos cierto, que un Gobierno, para esperar que la oposición no haga contienda electoral con este tema, debe permanecer fiel a una política antiterrorista compartida y no hacer cambios que supongan la perdida del inicial consenso. Esto es, si se rompe el consenso en materia terrorista, aunque para ello sumes a partidos minoritarios, no puede esperarse de la oposición apoyo ciego a la nuevas políticas.
En tercer lugar, en el citado acuerdo se expresó con claridad, que “el diálogo propio de una sociedad democrática debe producirse entre los representantes legítimos de los ciudadanos, en el marco y con las reglas previstas en nuestra Constitución y Estatuto y, desde luego, sin la presión de la violencia”. De ello se deduce que no cabe diálogo alguno con aquellos que no representen a los ciudadanos, y tampoco fuera de las reglas previstas en la Constitución y en su consecuencia ni cabe diálogo con criminales, ni con quienes les amparan y justifican; tampoco debe caber diálogo alguno con los que han ejercido la violencia para conseguir que se dialogue al margen de lo referido, porque se estaría legitimando la violencia como método para alcanzar fines políticos. Y todo ello, siempre recordando a las víctimas y el dolor causado.
El espíritu del acuerdo lo que viene a sancionar es que los terroristas y criminales, gobierne quien gobierne, no pueden esperar consecuencias diferentes a sus acciones que las previstas en la ley, y que gobierne quien gobierne la política antiterrorista será la misma. Por ello ningún Gobierno debe hacer experimentos en materia de política antiterrorista, y si lo hace ya no podrá exigir a nadie lealtad hacia sus nuevas políticas, carentes del consenso necesario.
En definitiva, el espíritu que se reflejó en al Pacto Antiterrorista debe inspirar más allá de su literalidad, cualquier acuerdo en esta materia, y debería ser compartido por todos, que cuando hablamos de lucha antiterrorista, nos referimos a una calara actitud de combate contra el terror; cualquier diálogo que se establezca entre fuerzas políticas, debe respetar el marco constitucional y legal; y por último se debe dejar claro a los terroristas, que nunca obtendrán ningún tipo de rentabilidad política con sus acciones, gobierne con gobierne. El único diálogo que cabe con un criminal, es el que se debe establecer en una comisaría o ante un tribunal.