El nacionalismo contra la justicia
CARLOS MARTINEZ GORRIARAN, en su blog.
El último encontronazo del nacionalismo vasco con la justicia es el último episodio de una lucha que durará mientras los nacionalistas sigan siéndolo y exista la separación de poderes. Porque uno de los rasgos constitutivos del nacionalismo, evidente en el vasco pero característico de todas sus variedades, es que su relación con cualquier administración de justicia independiente será no ya conflictiva –que, como todos sabemos, es lo habitual-, sino de abierto antagonismo.
El nacionalismo rechaza cualquier sistema de poderes que no controle en todos sus resortes fundamentales, justicia incluida, porque acaba frenando sus apetitos de poder ilimitado. Precisamente en eso pensaba Montesquieu: en poner coto a la arbitrariedad y la tiranía. Pero como el gran ilustrado no es plato de gusto abertzale, la sumisión de la justicia a su proyecto no es algo coyuntural, sino necesario. Incluso un ex rector de la Universidad del País Vasco, Pello Salaburu, nacionalista moderado, ha recordado a los jueces del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que Ibarretxe también es su lehendakari, y advertido que al juzgarle humillan a sus votantes. Pero no ve necesario recordar que el lehendakari no está por encima de la justicia, precisamente porque su primera obligación es cumplir y hacer cumplir las leyes, no inventárselas a su medida. Si queremos entender el pensamiento nacionalista en esta materia basta con observar esa manifestación que han convocado contra la justicia -un ataque directo a la democracia-, basada en la pretensión de que el lehendakari, como guía y pastor de su Pueblo hacia la Tierra prometida de la Soberanía, está por encima del control judicial: no se le puede juzgar, porque todo lo que hace es (su) Patria (y no se puede juzgar a las Patrias).
La asimilación del lehendakari a los monarcas absolutos y a los dictadores vitalicios como Franco o Castro (dos notorios nacionalistas, también) está profundamente asociada al nacionalismo. Su crítica constante y machacona al sistema judicial como un sistema español impuesto que funcionaría inimaginablemente mejor si fuera un sistema vasco –una de las previsiones centrales del Plan Ibarretxe, compartida por los nacionalistas catalanes-, apenas enmascara la intención de convertir ese “sistema judicial vasco”, de existir, en otra red clientelar y de control social.
“Sí, pero el nacionalismo moderado está contra la violencia”, alegarán algunos. Lo cierto es que la diferencia con el nacionalismo violento es, de nuevo, de medios más que de fines. ETA y sus satélites no están muy lejos de la demolición sistemática de los principios jurídicos democráticos en que se luce el consejero Azkarraga, aunque en su caso recurran directamente al crimen en vez de a la verborrea y la injusticia. De ahí que el nuevo ataque nacionalista a la justicia venga provocado por la confluencia de dos conflictos distintos pero de origen común y confluencia obligada: la lucha contra ETA.
El enjuiciamiento de Ibarretxe por sus reiteradas y públicas entrevistas con Batasuna es la cara de una moneda cuya cruz es la reciente resolución de la Audiencia Nacional en el caso de Juana Chaos. La posición de fondo es la misma: que el nacionalismo vasco rechaza la jurisdicción de los tribunales y el imperio igualitario de las leyes, ya se trate de ilegalizar a Batasuna o Segi, ya de tratar a un terrorista en huelga de hambre como lo que es, y no como una falsa víctima del sistema. Porque el nacionalismo se niega a acatar otra ley constituyente que la de imponer su dominación, también rechaza la derrota jurídica de ETA. De consumarse ésta, sería el fin de la impunidad de la violencia política y de la violación del derecho, el comienzo de la real obligatoriedad de las leyes, sin excusas, en una sociedad de ciudadanos iguales. Que es lo que el nacionalismo combate a toda costa.