Cultura democrática

Galicia es un sitio formidable. No solo disfruta de un Gobierno cuyos miembros, hablando en la misma lengua (¡es un decir!), denominan al país de dos modos diferentes, sino que, además, construye una obra faraónica -la fantástica Cidade da Cultura-, que se levanta sin que nadie sepa todavía para qué. Pero eso no es todo. Los gallegos hemos batido, sin esfuerzo, récords inauditos: somos insuperables en el reciclaje de somieres, que pueden verse en los lugares más insólitos, o en el pastiche arquitectónico, que ha adquirido por aquí caracteres de leyenda.

Nuestra última contribución a la originalidad inimitable ha llegado de la mano de la extensión del derecho de sufragio a unos supuestos gallegos que no lo son en realidad, pues ni han nacido, ni han vivido, ni viven, ni piensan vivir por estos lares: los nietos de nuestros emigrantes. ¿Qué sucederá cuando esos nietos -que dicen che, vos, riquisísimo, gringo, chévere o manito- pasen a engrosar el censo electoral de residentes ausentes (CERA) y estén en condiciones de votar en las diversas clases de elecciones que se celebran en Galicia?

Pues pasará algo tan milagroso como la multiplicación de los panes y los peces: pasará, señoras y señores, que Galicia será quizá el único país de este planeta cuyo censo electoral superará a sus habitantes de derecho. ¡Ahí es nada! ¡Ya quisieran los estudiosos de la teoría de la relatividad!

Como es sabido, la población de derecho supera en todas partes al censo electoral por efecto de un hecho tan elemental como fácil de entender: que, además de los incapacitados legalmente, los menores de 18 años no pueden votar en elecciones. Por eso, aunque nuestra población de derecho ronda los 2.700.000 habitantes, el censo gallego (sin el CERA) sobrepasa los 2.300.000 electores solo por un poco. ¿Qué ocurrirá cuando a ese censo se le añadan los 500.000 nuevos gallegos que, en números redondos, entrarán en el CERA tras la reforma del Código Civil?

Pues pasará lo más increíble y, por supuesto, lo más bochornoso que cabría imaginar en la España de comienzos del siglo XXI: que el sistema electoral quedará contaminado por la influencia perturbadora de una inmensa masa de votantes potenciales, gran parte de los cuales nunca deberían haber adquirido el derecho de sufragio. El que esos electores voten en condiciones de absoluta falta de control y de limpieza democrática y formen un censo susceptible como pocos de ser manipulado por el poder, con dádivas y presiones clientelares, debería hacer que a nuestros políticos se les cayera la cara de vergüenza.

Pero, para ello, tendrían que tener vergüenza y lucir una cara un poco menos dura que el cemento. Y, por lo que parece, no es ese el caso.