El honor de la SGAE nos sale muy caro.

Y no solo por los 9.000 euros de multa a Merodeando.com, que es una multa a todos y cada uno de nosotros.  A todos los que publicamos y a todos los que leemos blogs. Porque como triunfe esa mentalidad medieval ya podemos ir olvidándonos de los blogs como los conocemos hasta ahora.

La noticia es que un juez ha condenado a  Merodeando.com por un comentario colgado en el blog por un tercero. Al parecer ni el juez ni la SGAE se han preocupado ni mucho ni poco por averiguar la identidad del autor del comentario de marras, cuyos datos están en poder de Merodeando.

Y Merodeando dice que intentó negociar con la SGAE, para matizar su propio artículo y para incluir en él el punto de vista de la SGAE. Pues nada, entendemos que la exigencia era que Merodeando borrara o transformara radicalmente la el espíritu de la noticia, que comentaba un “bomba Google” con la cadena “ladrones+SGAE” que se estaba llevando a cabo entonces. Pues denuncia al canto. Denuncia que acabó siendo a cuenta de algunos de los comentarios añadidos por terceros. Y la sentencia afirma que que aunque sea de aplicación la LSSICE, no deja de serlo la ley de protección del derecho al honor. La LSSCIE establece que el proveedor de servicios de internet (en este caso el bloguer que ofrece espacio para los comentarios) no es el responsable de los contenidos publicados, sino los autores. Pues van y le consideran “como una suerte de colaborador necesario de las manifestaciones vertidas en su blog que atentan al honor de la actora y que (…) no sufrieron intervención alguna por parte del demandado”. O sea que la SGAE no tiene que molestarse en dirigirse a los autores de los comentarios, sino que ante la protesta SGAE (y antes de un juicio), es el propietario del blog el que debe retirar comentariosde terceros. Ley de prensa de 1966, cuando no existía ni internet, ni blogs.

Los detalles técnico jurídicos aquí: Sentencia condenatoria en juicio sobre SGAE en primera instancia. Y como la SGAE ha pedido a la juez que advierta a Julio Alonso que no puede publicar el vídeo de la vista pública del juicio, pues por eso mismo pondremos en PlazaMoyua.org un enlace permanente a ese vídeo en cuanto lo cuelguen en Merodeando.com.

Si quieren que los blogs funcionen con todo lo malo de los periódicos, y sin todo lo bueno de los blogs, se los cargan. En Irán están implantando unas leyes que condenan a pena de muerte a un bloguero si hace, por ejemplo, apología de la apostasía [–>]. Como penas menores contemplan la amputación de la mano derecha o del pie izquierdo. Es la ley; en Irán. Y parece que en España la ley también tiene sus caprichos, especialmente cuando del honor de la SGAE se trata. Porque, ¿que pasa aquí, que la SGAE es la única cuyo honor se ofende en Internet? Pues parece ser la única que se dedica a poner juicios por su honor a tutiplen. A todos no insultan en internet. “Putos fascistas de mierda” es uno de los habituales epítetos que nos dedican los nacionalistas vascos que se pasan por este blog. ¿Les denunciamos? ¿Borramos su comentario? No señor, lo publicamos y lo discutimos. Ese es el juego; eso es internet.

Internet crea su propia ley, al menos sus propios “usos y costumbres”. Inevitablemente contagiados, en primer lugar por sus características técnicas, y en segundo lugar por el espíritu USA acerca de la libertad de expresión. Globalización. Y es un poco demasiado pedir a los internautas que se aprendan los caprichos legales de cada país, sea Irán o sea España, y las artísticas interpretaciones posibles de cada juez de turno.

El honor de la SGAE nos sale muy caro. La gloalización está aquí y es imparable. La libertad de expresión es sagrada y la SGAE no la va a parar. Lo único que puede hacer es retrasar la adaptación de España al nuevo mundo. Eso opinamos. ¿Se puede opinar? Creo que es Teddy Bautista, presidente de la cosa SGAE, el que dice que el canon no es un canon. ¿No es eso un insulto a todos los consumidores? Pero, ¿le denunciamos? No; solo se lo explicamos: el canon, Teddy, es un canon. De hecho, un monopolio que no aporta el menor beneficio social.