Rosa Díez a Ibarretxe

Madrid, a 19 de septiembre de 2008 Excmo. Sr. Lehendakari Presidencia del Gobierno Vasco Lehendakaritza C/ Navarra núm. 2 01007 Vitoria-Gasteiz ENVIADO POR CORREO CERTIFICADO ADELANTADO POR CORREO ELECTRÓNICO Estimado Sr. Ibarretxe: Tras la reciente Sentencia de fecha de 11 de septiembre de 2008 del Tribunal Constitucional por la que se declara la nulidad de la Ley del Parlamento Vasco 9/2008 y, por lo tanto, se confirma la ilegalidad de la “consulta popular” ideada por su gobierno, hemos podido constatar con preocupación que no sólo no admite ni asume la citada resolución del máximo interprete de nuestra Constitución, sino que pretende orquestar una campaña institucional para convencer a los ciudadanos del País Vasco para que apoyen una demanda frente al Reino de España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ante tal comportamiento nos vemos obligados a trasladarle las siguientes consideraciones: •   Por mas que se empeñe Ud. y el gobierno que preside no existe en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos ningún artículo en el pueda tener cabida el supuesto “atropello democrático” de los que se dicen víctimas. El derecho de “autodeterminación” (eufemísticamente denominado por Uds. “derecho a decidir”) no está contemplado de ninguna manera en dicho Convenio y la ilegalidad de su “consulta popular” se decretó tras un procedimiento judicial contradictorio y con todas las garantías existentes en nuestro ordenamiento jurídico. Es obvio que tal demanda ante el Tribunal de Estrasburgo carece manifiestamente de fundamento y perjudica gravemente la imagen y los intereses del País Vasco, sus empresas y ciudadanos en el exterior. •   Como bien saben, las demandas ante el Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos frente a alguna de las Altas Partes Contratantes (en este caso, frente al Reino de España) solo pueden interponerse a titulo individual por -2- cualquier persona física o organización no gubernamental que se considere víctima de una violación de sus derechos fundamentales (artículo 34 del citado Convenio). El Gobierno Vasco, el Parlamento Vasco o cualquier otra sociedad o institución dependiente de la administración pública carece de legitimación para recurrir ante la citada instancia internacional. •   Por lo tanto, si bien es Ud. libre de interponer cuantas demandas o recursos crea pertinentes, nos permitimos recordarle que cualquier iniciativa adoptada por Ud. o por cualquier miembro de su partido o de su gobierno ha de ser siempre y en todo momento a título individual y de forma privada, sin que tenga derecho alguno a aprobar o ejecutar ningún tipo de iniciativa institucional, debiendo abstenerse, por lo tanto, de utilizar la imagen, símbolos, medios o recursos públicos de cualquier tipo. Las campañas, iniciativas o acciones legales que tengan interés en llevar a cabo habrán de ser sufragadas de sus propios bolsillos y no del de todos los ciudadanos vascos. •   Y ello, anunciándoles desde este momento que procederemos a ejercitar cuantas acciones judiciales nos asistan en Derecho para el caso de que Ud., su partido o los miembros del Gobierno Vasco utilicen medios, recursos o fondos públicos de cualquier tipo en la interposición de la citada demanda ante el Tribunal de Estrasburgo o emprendan cualquier actuación tendente a publicitar o convencer a los ciudadanos vascos para que apoyen su particular iniciativa. Sin otro particular, le saludamos muy atentamente,