UPyD: Enmienda parcial a la ponencia política
Actualización:
Había un error. Es una enmienda solo parcial, cuyo fin es eliminar la justificación al modelo de partido diseñado por la Dirección en la Ponencia de Estatutos. Lo azul tachado es el texto que se sustituye, y lo azul sin tachar el texto que se añade.
Nota previa: Como en el caso de la ponencia de Organización y Estatutos, no se ha tratado de hacer una enmienda partiendo de cero, sino solo de corregir lo más infumable de las virguerías para justificar la autocracia, e impedimentos similares. también como en el caso anterior, los cambios están marcados en azul.
--
Enmienda parcial a la Ponencia Política.
--
Ponencia Política de UPyD y la Regeneración Democrática Española
I Nuestra Concepción del partido y de la Regeneración Democrática
Introducción: democracia y partidos políticos
1 – ¿Para qué ha nacido UPyD? Responder esta pregunta requiere una reflexión previa sobre el papel de los partidos políticos en la democracia. Los partidos son instituciones imprescindibles en la vida política de las complejas democracias modernas, formadas por personas y grupos diferentes y mutables con distintos intereses, ideas y creencias. En nuestras sociedades conviven doctores y víctimas del fracaso escolar, empresarios y trabajadores sin cualificación, creyentes con agnósticos y ateos declarados, apolíticos y apasionados por la política, activistas sociales y personas que nunca han asistido a una manifestación, entusiastas de las tradiciones ancestrales y cosmopolitas convencidos, partidarios del mercado más libre y extenso posible con quienes exigen la protección del Estado, inmigrantes de países remotos recién nacionalizados con nativos de familias que nunca se han mezclado con forasteros… Todos ellos son, somos, ciudadanos con los mismos derechos y obligaciones, con independencia de nuestras ideas, preferencias e intereses particulares. Pero esa igualdad constitucional que nos permite vivir en libertad, como sujetos autónomos capacitados para elegir y tomar nuestras propias decisiones, no impide que existan entre nosotros grandes desacuerdos y conflictos sobre multitud de cuestiones de todo tipo. La democracia no es un sistema para poner a todo el mundo de acuerdo sobre todas las discordias posibles, sino para permitir la convivencia libre, productiva y en paz entre personas disconformes, pero que comparten algunos principios básicos, como el de resolver por medios pacíficos y legales las diferencias más acuciantes. Como, por ejemplo, quién debe gobernar el Estado y quiénes están capacitados para representar a los ciudadanos, deliberar y aprobar leyes en su nombre
2 – En las sociedades democráticas, el conflicto y la diferencia pueden ser factores muy fértiles y creativos. Estas sociedades no comparten un conjunto hereditario de firmes creencias comunitarias, como era lo habitual en las sociedades tradicionales. Nuestra democracia debe adaptarse a la complejidad social y al principio de la libertad personal, y por eso consiste en un sistema de instituciones jurídicas y políticas comunes que actúan siguiendo reglas de obligado cumplimiento. Son reglas constructivas y regulativas, que fundan el sistema democrático y organizan su funcionamiento, comparables a las de una competición deportiva, porque del mismo modo en que es imposible jugar un partido de fútbol con las reglas del tenis, tampoco puede haber democracia con las reglas de la dictadura, la oligarquía o cualquier otro régimen político. Las reglas seminales de la democracia son el sufragio universal libre y secreto, la igualdad de los ciudadanos ante la ley, las garantías jurídicas de la libertad personal, la separación de poderes, las libertades de expresión, organización y proposición, y el estricto respeto a los derechos de las minorías políticas, entre otras. La mejora de la democracia, incluso su simple mantenimiento, exige una permanente vigilancia de que estas reglas siempre frágiles y amenazadas se mantienen vivas, no son burladas o pervertidas y, de ser necesario, son mejoradas constantemente a través del perfeccionamiento de las leyes y de la reforma constitucional
3 – Los distintos intereses, corrientes ideológicas y proyectos políticos que compiten en una sociedad moderna dan carta de naturaleza a los partidos, que rivalizan por captar el voto de los ciudadanos para representarlos en las instituciones o gobernar en base a un programa. Aunque los proyectos políticos y sociales disponen de otras vías de organización, tales como los sindicatos, las asociaciones, las organizaciones no gubernamentales o las iniciativas cívicas (sin olvidar los grupos de presión o lobbys que actúan para influir a favor de sus intereses, estén regulados o no), los partidos políticos son insustituibles debido a sus objetivos estrictamente públicos
4 – La función de los partidos no acaba en las tareas de representación ciudadana y gobierno de las instituciones. Canalizar y dar voz a la posición política de los ciudadanos es otra misión fundamental que hace posible, en principio, la implicación directa en todos los niveles de la vida pública de muchos cientos de miles de personas que han tomado partido. Así puede extenderse ampliamente por la sociedad lo que, de otro modo, sería una actividad restringida al número necesariamente reducido de profesionales y especialistas ocupados en las instituciones, los propios partidos y los medios de comunicación. Se trata de una red de participación social vital para la democracia, ligada a la existencia de partidos que, a pesar de todas sus limitaciones y defectos, están abiertos a cualquiera que comparta sus objetivos. En este sentido, los partidos políticos cumplen la importante función de facilitar la inclusión y participación de los ciudadanos en la acción política, extendiendo de ese modo la base del sistema democrático, haciéndolo más inclusivo y más representativo de la realidad social. Y si los partidos tradicionales dejan de cumplir satisfactoriamente con esta labor, siempre queda la opción de proceder a promover partidos nuevos que, como es el caso de UPyD, contribuyan a revitalizar el tejido social de la democracia y a reanimar sus instituciones ofreciendo nuevas formas de compromiso político a los ciudadanos
5 – Los partidos tradicionales han sido y son objeto, sin embargo, de severas críticas debido a vicios que, para algunos, son poco menos que estructurales: tendencia a la burocratización, profesionalización del trabajo político, opacidad del funcionamiento interno, promoción mediante el procedimiento de selección negativa, pérdida de un proyecto solvente y creíble, y alejamiento de las preocupaciones ciudadanas. Estos y otros factores negativos desencadenan crisis cíclicas en los sistemas de partidos de muchos países democráticos, propiciando la cuasi-desaparición o la marginalidad de partidos históricos –como los comunistas, democratacristianos y liberales-, animando la aparición de partidos nuevos, como los Verdes, o facilitando el ascenso de fuerzas populistas o antidemocráticas alimentadas por el descrédito de la actividad política. Las alternativas más radicales opuestas a los partidos convencionales suelen ser muy poco realistas, como la democracia electrónica del populismo tecnológico que pretende suprimir la mediación básica de la democracia deliberativa -convirtiendo el plebiscito en acto cotidiano para adoptar todo tipo de decisiones-, o sencillamente ajenas a las reglas básicas de la propia democracia, como el fundamentalismo asambleario que ignora la regla esencial de que la mayoría no debe eliminar a las minorías, ni limitar su derecho a la iniciativa y acción política discrepante con todas las garantías
6 – En conclusión, a pesar de todos sus inconvenientes los partidos políticos resultan indispensables, sobre todo porque expresan, a través de los votos que obtienen, el apoyo ciudadano a los distintos proyectos y liderazgos en liza. Ahora bien, existen límites tan claros como intangibles que impiden el éxito total de los partidos políticos. Una regla constitutiva de la democracia es que ninguno de los partidos rivales pueda alzarse con un triunfo definitivo tal que implique la desaparición de la oposición, o la consecución de la totalidad de su “programa máximo”; esta posibilidad sólo se contempla en los regímenes de partido único, totalitarios. El máximo al que un partido democrático puede aspirar legítimamente es a gobernar para todos, y nunca sólo para sus partidarios, aplicando su programa respetando el orden constitucional, el derecho de las minorías a disentir y los legítimos derechos de cada uno de los ciudadanos: la obligación de gobernar para todos, y no sólo para los afines, es básica en la democracia; su olvido, un claro síntoma de degeneración. Lo que se traduce en que todo partido democrático debe renunciar al objetivo, utópico o distópico, de ver triunfar la totalidad de su programa. En otras palabras, ninguno de los proyectos de partido puede imponerse a la propia democracia para sustituirla por lo que acaba siendo un régimen de partido único, como ocurrió en las revoluciones y golpes de Estado sucedidos en Europa –Rusia, Italia, Alemania, etc.- en la primera mitad del siglo XX
7 – Los partidos políticos son instituciones muy especiales. Reúnen el interés exclusivamente público, en principio identificado con el interés general, con el carácter privado derivado de su fundación, afiliación y objetivos de parte. Por un lado, la sociedad tiene derecho a exigir de los partidos determinadas garantías de transparencia, fidelidad a sus fines y funcionamiento responsable; por otro, son asociaciones privadas con su propio régimen interno y toda la ineludible conflictividad aparejada a cualquier colectivo humano. Pero la falta de correspondencia entre los fines públicos de un partido importante y su funcionamiento interno, o entre los fines proclamados y el sentido genuino de su acción política, genera graves daños para el conjunto del sistema democrático, desde prácticas corruptas hasta el completo desprestigio de la política. Por todas estas razones, la aparición de un nuevo partido político que aspire a algo más que conseguir un trozo del pastel institucional, pero que tenga conciencia de las limitaciones que la propia democracia opone a sus aspiraciones regeneradoras, necesita de una justificación suficiente. En nuestro caso, esta justificación es la de colmar un hueco cada vez mayor existente en el sistema de partidos actual: la de quienes no se identifican con los proyectos políticos de los partidos tradicionales, ni confían ya en sus compromisos, y reclaman la puesta en marcha de una política dirigida a introducir profundas reformas en las instituciones básicas de la democracia española, comenzando por la Ley Electoral (LOREG) y la Constitución. Reformas que persigan un doble objetivo: incrementar la libertad personal de los ciudadanos y reforzar su igualdad jurídica y de oportunidades, con el resultado de la regeneración de un sistema democrático que da muestras alarmantes de agotamiento de ideas, esclerosis de las instituciones e incapacidad política de los principales partidos tradicionales de gobierno y oposición para resolver los problemas más acuciantes.
1 – UPyD: un proyecto político de regeneración democrática
8 – Unión Progreso y Democracia (UPyD) nació de la iniciativa de diversas personas y grupos que convergieron en Plataforma Pro, creada en internet con el objetivo específico de comprobar si existían las condiciones para organizar un nuevo partido político de ámbito nacional. Plataforma Pro hizo público un manifiesto fundacional donde especificaba los grandes rasgos y objetivos de ese posible nuevo partido, y su propósito de reunir a los interesados para discutir las posibilidades prácticas de registrarlo a tiempo de presentarse a las Elecciones Generales de 2008, con la estructura mínima indispensable y con un Manifiesto y un Programa Electoral que presentar a la sociedad. La presentación de Plataforma Pro lo explicaba así:
“El pasado sábado 19 de mayo 45 personas se reunieron en San Sebastián para tratar sobre la necesidad y posibilidad de crear un nuevo partido político. La mayoría de los reunidos eran vascos, muchos de ellos con una larga experiencia en organizaciones políticas, sindicales y cívicas, en muchos casos procedentes del ámbito de la izquierda, pero también de tradición liberal y ciudadana. Decidieron poner en marcha un proyecto que interese a personas de un amplio espectro democrático, y de toda España.
Los presentes aprobaron formar una nueva plataforma que convoque y reúna a quienes consideran necesario formar un nuevo partido político, activo en toda España, que aporte nuevas propuestas políticas para los problemas considerados más acuciantes: lucha contra ETA; regeneración de la democracia; oposición al nacionalismo obligatorio; reforma de la Constitución para reforzar las libertades ciudadanas y la igualdad, con independencia del territorio de residencia, etcétera. Este partido, abierto a cualquier persona que apoye su programa y sus objetivos e ideas básicas, deberá tener un carácter inequívocamente nacional, y estará dispuesto a unirse a aquellas organizaciones políticas que compartan los compromisos y las líneas maestras del proyecto.” (www.plataformapro.org)
9. – La iniciativa tuvo una gran acogida, y en poco tiempo Plataforma Pro contó con más de 3000 miembros distribuidos por todas las Comunidades Autónomas españolas. Tras un debate sobre las posibilidades de crear el nuevo partido o unirse a alguna iniciativa parecida, como Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, la gran mayoría de los miembros de Plataforma Pro optó por crear un nuevo partido en la asamblea celebrada en Madrid el 22 y 29 de septiembre de 2007, adoptando la denominación Unión Progreso y Democracia (UPyD), eligiendo a Rosa Díez como la Portavoz del partido – único cargo unipersonal- al frente de un Consejo de Dirección formado por 19 de los fundadores, y un Consejo Político formado por otros 150. Además, la Asamblea Fundacional aprobó el Manifiesto y los Estatutos del partido, y decidió participar en las Elecciones Generales de marzo de 2008 y en las elecciones autonómicas convocadas en Andalucía. En sólo cinco meses, UPyD consiguió presentar candidaturas al Congreso y el Senado en las 50 provincias y las dos ciudades autónomas, logrando más de 306.00 votos y el escaño de Rosa Díez en el Congreso de los Diputados por la provincia de Madrid. Resolviendo grandes retos de organización y venciendo los obstáculos de la falta de financiación bancaria y de la indiferencia de la mayoría de los medios de comunicación mediante la movilización de miembros del partido y simpatizantes, UPyD consiguió convertirse en partido parlamentario nacional al primer intento gracias exclusivamente al trabajo voluntario y a los donativos y préstamos individuales. Fue una prueba práctica incontestable de que el nuevo partido representaba con eficacia un proyecto político innovador demandado por una parte relevante de la sociedad española
9 – Este proyecto político consiste en promover en las instituciones un conjunto de reformas estratégicas capaces de renovar la democracia española, superando el estancamiento al que ha llegado tras agotarse el impulso originario de la Transición. Una democracia lastrada por el inmovilismo de los dos grandes partidos herederos de las viejas corrientes de la izquierda y de la derecha, y por el avance incesante de los intereses nacionalistas a costa del interés general gracias a una Ley Electoral sumamente favorable para ellos -pequeños partidos de implantación territorial muy concentrada-, pero muy perjudicial para los partidos nacionales con más votos pero también más dispersos, como ha sido el caso de IU y ahora de UPyD. El ejemplo más gráfico de esta desigualdad, inducida por una mala ley que altera severamente la voluntad electoral, es que, con aproximadamente los mismos votos, el PNV obtuviera seis diputados y UPyD uno. Gracias a esta ventaja electoral, las fuerzas nacionalistas se han convertido no sólo en la llave de la gobernabilidad al decidir las mayorías parlamentarias cuando ningún gran partido consigue la mayoría absoluta, sino también en el modelo de gestión política con más éxito y más imitado por los beneficios de parte que obtiene. Es un modelo que antepone los “derechos de los territorios” a los de las personas y que, por consiguiente, trabaja sin descanso para profundizar artificialmente las diferencias entre comunidades autónomas, a costa de la igualdad y libertad de los ciudadanos y de la cohesión del Estado común que debe garantizarlas.
10. – El resultado de este sistema electoral ha sido un sistema de “bipartidismo imperfecto” donde uno de los dos grandes partidos, PSOE o PP, está condenado o bien a ganar las elecciones por mayoría absoluta o bien a formar mayorías parlamentarias mediante alianzas con los partidos nacionalistas periféricos, que ponen un alto precio político a su apoyo reclamando la transferencia de más competencias del Estado, de recursos e inversiones públicas y, por la vía encubierta de las reformas de Estatutos de Autonomía, de la asunción tácita de una reforma de la Constitución favorable al nacionalismo separatista. Un proceso impuesto por la vía de los hechos consumados, ante la pasividad o parálisis de instituciones que deberían impedirlo, en particular el Tribunal Constitucional, sin debate parlamentario suficiente y burlando el precepto de la reforma constitucional (arts. 167 y 168 C.E.) El resultado es un cambio de facto del modelo de Estado previsto en la Constitución, sin debate político a fondo y sin permitir a los ciudadanos españoles que se pronuncien sobre su acuerdo o desacuerdo.
11. – Este modelo de gestión de los poderes públicos al servicio de los intereses de los partidos políticos tradicionales se ha extendido a las instituciones autonómicas y municipales, estimulando la aparición de numerosos partidos regionalistas y localistas que generalmente adoptan la retórica identitaria de los nacionalistas tradicionales –la defensa de la identidad cultural amenazada, de los intereses de los autóctonos frente a los foráneos, de ancestrales derechos históricos, etc.- y, sobre todo, su modo de concebir la política como un juego con reglas muy favorables para los grupos sociopolíticos con una base territorial reducida y densas redes clientelares que afectan al entramado de empresas públicas y privadas, controlando los medios de comunicación, las cajas de ahorro, las entidades y asociaciones influyentes, etc. Los pequeños partidos obtienen beneficios de todo tipo –inversiones públicas, multiplicación de la administración para colocar a sus miembros y clientes, transferencias de competencias, mayor capacidad de gasto, etc.-, lo que ha derivado en el detrimento de la cohesión y la viabilidad del Estado común (y por tanto de la igualdad de los ciudadanos españoles), a la vez que ha transformado a los partidos “nacionales”, que compiten por la misma clientela electoral con nacionalistas y regionalistas, en federaciones de partidos autonómicos carentes de una política nacional genuina.
12. – Por ejemplo, las políticas discriminatorias de “normalización lingüística” desarrolladas en las CCAA bilingües (Galicia, País Vasco, Navarra, Cataluña, Islas Baleares y Comunidad Valenciana), han sido asumidas e impulsadas no sólo por los partidos nacionalistas, sino también por PSOE y PP. Es un acabado ejemplo de la erosión constante de los principios democráticos y constitucionales a través de vías legales y normativas de rango inferior que acaban instaurando la desigualdad de derechos y obligaciones entre los ciudadanos de una comunidad autónoma, y entre los de ésta y el resto de comunidades. La discriminación por razones de lengua impide o hace más difícil la movilidad de profesionales, empresas y trabajadores de las comunidades monolingües a las bilingües (pero no al revés), suprime la libertad de elección de lengua cooficial en la educación y en las relaciones del ciudadano con la administración y sus servicios, subvenciona con pretextos lingüísticos y culturales a determinadas empresas y entidades anulando de hecho el principio de libre competencia, y hace normales abusos como las multas impuestas en Cataluña a las empresas que no rotulan en catalán.
13. – Este modo de gestionar la cosa pública ignorando el interés general mediante su virtual privatización parecía gozar de ilimitada elasticidad en un contexto de prosperidad económica, pues sus consecuencias parecían soportables para la mayoría social siempre que el Estado dispusiera de recursos e ingresos adicionales que inyectar para cada nueva negociación entre partidos e instituciones o CCAA y Estado. Pero el vaciamiento progresivo de competencias estatales, unido a la crisis económica – agravada por las características de la economía española- y a la finalización de las importantes aportaciones europeas de fondos estructurales, han terminado por mostrar la inviabilidad de un sistema político que no puede seguir expandiéndose indefinidamente mediante el vaciamiento paulatino de competencias y fondos del Estado en beneficio de los titulares de una estructura territorial y jurídica eternamente indefinida y abierta, puesta al servicio de los intereses de los partidos políticos tradicionales, nacionalistas y regionalistas, y de sus socios mediáticos y empresariales.
14. – El sistema político español –como también el europeo- está en crisis. Además de los problemas económicos, y de los derivados de la constante elusión y burla de las reglas constitucionales, otros factores adicionales agudizan la crisis del orden pactado en la Transición. Señalemos también el deterioro de la Administración de Justicia; la formación de oligopolios entre partidos, medios de comunicación y entidades financieras; la selección negativa en el seno de los partidos políticos; el deterioro de la educación pública; la decadencia y crisis del modelo productivo. Varios de estos problemas se tratan más extensamente en otras partes de esta Ponencia Política, y aquí resumiremos la relación entre todos ellos.
15. – El deterioro constante de la Administración de Justicia, el tercer poder tradicional del Estado de Derecho, es el resultado de la constante manipulación e injerencia de los partidos políticos tradicionales, que han convertido el Consejo General del Poder Judicial en un ente delegado suyo mediante las asociaciones judiciales alineadas con PSOE o PP, marginando por completo a los jueces y juristas independientes. La alineación de la Fiscalía con el Gobierno de turno, junto a la habitual cesión a las exigencias nacionalistas, completan el cuadro de una Justicia sometida, ineficaz y malamente politizada, es decir, injusta. Además de los efectos de pérdida de autonomía y eficacia, la credibilidad de la administración de Justicia ha sufrido mucho, con los efectos negativos que tiene para el prestigio y apoyo popular a la democracia.
16. – Los diversos intentos de negociación fallida con ETA han atacado el principio de separación de poderes y el funcionamiento autónomo de la Administración de Justicia, toda vez que distintos gobiernos socialistas y populares, pero muy especialmente los presididos por José Luis Rodríguez Zapatero, han puesto la Fiscalía y los tribunales a su servicio para remover los obstáculos jurídicos opuestos a la negociación con la banda terrorista. Así, durante las “treguas” de ETA se han suspendido en la práctica la aplicación de las leyes antiterroristas vigentes –en particular, la Ley de Partidos- y desvirtuado los procedimientos judiciales, con el resultado de prolongar la vida de la banda mientras se hacía otro fuerte daño adicional a la democracia en dos de sus principios básicos: la obligatoriedad universal de las leyes vigentes, y la autonomía del poder judicial como pilar básico del Estado de Derecho.
17. – Determinadas debilidades estructurales de la economía y la sociedad civil españolas han afectado a la posibilidad de que los partidos políticos tradicionales y sus entidades dependientes se financien sobre todo por las aportaciones voluntarias de sus afiliados y simpatizantes (cuotas y donativos). La necesidad perentoria de ganarse al electorado saturándolo de propaganda ha llevado a los partidos políticos a aliarse con grupos de comunicación privados, encargados de transmitir el mensaje de un partido a la opinión pública a cambio del trato favorable de sus intereses empresariales. La consecuencia es que la información política transmitida a la mayoría de los receptores queda fuertemente mediatizada por esa alianza de intereses entre propietarios de los medios y partidos. Añadiendo la dependencia absoluta de los medios de comunicación de titularidad pública del gobierno de turno, resulta un paisaje comunicacional plano, previsible y sometido a los intereses del conglomerado de partidos y empresas, impidiendo la divulgación entre la opinión pública mayoritaria de opciones políticas novedosas.
18. – Esta clase de entendimiento oligopólico se ha extendido con éxito a otros terrenos empresariales donde los partidos políticos (y sindicatos) tienen las llaves de la decisión, en particular las cajas de ahorro y el negocio inmobiliario, que dependen en buena medida de las decisiones de ayuntamientos y CCAA. La democracia española ha terminado atada a esta colusión de intereses de los partidos políticos tradicionales, los grandes grupos privados de comunicación, cajas de ahorro y bancos, y promotores inmobiliarios. Aunque la crisis del modelo económico reajustará esta asociación, y aunque la extensión de internet y los medios digitales ya está rompiendo el oligopolio de la información política y social, la democracia española tiene uno de sus mayores retos en la disolución de esta red espuria para dejar paso a un sistema más transparente y público de partidos capaces de financiarse con autonomía, medios de comunicación privados más respetuosos con la pluralidad sociopolítica y medios públicos merecedores del nombre, así como cajas de ahorro gestionadas con criterios empresariales.
19. – Otro de los grandes retos de la democracia española es la mejora de la educación, especialmente de la pública, institución esencial e insustituible para mejorar la igualdad de oportunidades de las personas, educar ciudadanos libres e instruir a profesionales de alta cualificación, capaces de hacerse cargo de un modelo económico más competitivo, innovador y productivo. La extensión lo más amplia posible de la formación humanística y científico-técnica, también al mayor nivel posible, es un objetivo inexcusable de la democracia española. Pero lejos de progresar en esa dirección, la promoción política de un modelo educativo equivocado ha hecho retroceder la calidad de la educación, especialmente de la pública, lo que se ha traducido en un ascenso acumulado del fracaso escolar sin parangón en países de nuestro entorno. La dispersión del modelo educativo en 17 variedades autonómicas diferentes agrava las consecuencias de esa política errónea, aumentando las diferencias entre comunidades autónomas, dificultando e incluso paralizando la libre circulación del personal docente y de los escolares y estudiantes. El problema no se resolverá sólo con más inversiones de dinero y expertos, o incrementando los equipamientos tecnológicos, sino rectificando los errores evidentes del paradigma educativo vigente y, en lo que se refiere a la política educativa, devolviendo al Estado las competencias en educación, universidad e investigación para garantizar que España tenga un modelo común integrable en futuros modelos europeos.
20. – La crisis política también deriva de una economía con vicios estructurales: excesiva dependencia de las administraciones públicas y el correspondiente clientelismo partidista que hace tan fácil la corrupción, y excesiva dimensión de los sectores basados en empleos poco productivos de escasa cualificación y mal remunerados. La inflación de la burbuja inmobiliaria, con tantas implicaciones económicas negativas, ha estado directamente ligada a la corrupción política y a la mala administración del urbanismo, de la vivienda y de la gestión del territorio, el paisaje y el medio ambiente. La falta de políticas decididas y constantes de apoyo a la innovación en las empresas, con la correlativa mejora de la educación y de la investigación científica, ha preservado los peores rasgos del sistema económico español hasta el estallido mismo de la crisis económica mundial, agravada en España por su modelo económico atrasado. Sin duda, la mejora del sistema económico español depende no sólo de una política económica correcta, sino de que esta política vincule el cambio de modelo económico al objetivo general de la regeneración democrática, desterrando con reformas y medidas legales los vicios políticos que han afectado negativamente a la economía.
21. – Finalmente, la regeneración democrática reclama profundos cambios en los propios partidos políticos, y el desarrollo de una sociedad civil autónoma capaz de ejercer como contrapeso del sistema de partidos a través de sus propios tejidos asociativos. En los últimos años, la sociedad civil española ha crecido algo en esa dirección, pero de manera todavía muy tímida: más del 76% de los encuestados en el estudio del CIS de abril de 2009 confirmaban no haber pertenecido nunca a ninguna clase de asociación, fuera política, sindical, cultural, profesional, deportiva o religiosa. La española es una sociedad muy poco politizada: el 46% de los encuestados no había participado nunca en una recogida de firmas; el 51% tampoco había asistido a una manifestación, etc. Con todo, la trama de asociaciones e iniciativas cívicas, apoyadas en buena medida en internet, se ha hecho más densa: la aparición de nuestro propio partido es una prueba de esto. Las posibilidades de regeneración endógena del sistema democrático español descansan en las nuevas iniciativas políticas que surjan de la sociedad civil, más que de un sistema oligopólico de partidos muy alejado de las preocupaciones de los sectores más dinámicos de la sociedad.
22. – En resumen, la característica más negativa y preocupante de la democracia española es que se ha convertido en un oligopolio formado por los partidos políticos tradicionales, los grupos de comunicación asociados y ciertas entidades financieras. Una condición necesaria para la permanencia y reproducción indefinida de este sistema oligopólico es la exclusión de cualquier organización política emergente que ofrezca alternativas viables. En efecto, una nueva organización carente de compromisos y deudas con los miembros del oligopolio puede atraer el suficiente número de votos como para contar en el panorama político nacional y poner en solfa el sistema. Y si bien la propia Ley Electoral y su desarrollo normativo ya opone formidables obstáculos a la aparición exitosa de nuevas fuerzas políticas, la ley no escrita de la política oligopólica añade nuevos obstáculos en forma de bloqueo informativo y dificultades financieras. Esta estrategia se opone activamente al principio constitucional que prevé que todos los ciudadanos sean electores y elegibles en igualdad de condiciones. Para revitalizarse, la democracia española necesita de nuevas formas de hacer política a través de nuevos partidos, distintos a los surgidos en el siglo XIX y XX, partidos que incorporen y asuman lo mejor de la tradición democrática de la modernidad, pero capaces también de iniciar las reformas que rehúyen los viejos partidos inmovilistas.
23. – Un partido político democrático no puede convertirse en un fin en sí mismo sin perder su legitimidad, porque en la democracia los partidos políticos tienen una clara justificación: canalizar la participación de los ciudadanos en la vida pública y representar un determinado proyecto político en las instituciones democráticas, sea en labores de gobierno o de oposición. Los partidos políticos son, pues, instrumentos para la acción en la esfera pública, aunque los compongan ciudadanos privados con sus propios intereses. Que se conviertan en grupos al servicio de intereses puramente privados comporta su pérdida de sentido, y deteriora seriamente la calidad de la democracia, que acaban parasitando.
24. – En la democracia española, la pérdida de sentido de los partidos políticos tradicionales es uno de los problemas de fondo. Cuando los partidos políticos acaban siendo un fin en sí mismos, una maquinaria electoral al servicio de intereses privados, sus programas acaban reducidos a propaganda, a menudo sectaria para que la exacerbación de pequeñas diferencias con los rivales compense la pérdida de personalidad política, y el proyecto político original acaba por desvanecerse. Convertidos en máquinas de administración del estatus-quo cada vez más parecidas e intercambiables, los partidos antes divididos entre derecha e izquierda terminan siendo profundamente conservadores, contrarios a cualquier cambio de las reglas de juego que amenace sus ventajas, y hostiles a cualquier nuevo partido o iniciativa cívica que perturbe el juego de la alternancia entre partidos tradicionales, reducida a reemplazar las personas en el poder para que desarrollen políticas en el fondo muy parecidas.
25. – De este modo, partidos nacidos como instrumentos para impulsar el cambio social y político o para preservar determinados valores e intereses sociales –la diferencia histórica entre la izquierda y la derecha convencionales- acaban convertidos en entidades cuyo máxima y a veces única misión es la de asegurar su continuidad en el tiempo. Este interés les empuja a volcarse en la obtención de recursos para monopolizar el juego político, desde leyes electorales a su medida hasta la acumulación de influencia en los medios de comunicación y en el mundo financiero y empresarial, constituyendo auténticos oligopolios político-empresariales basados, sobre todo, en el negocio de la comunicación y en las finanzas y la construcción e infraestructuras, sectores donde la influencia política es clave.
26. – Resulta más problemático concluir si la convergencia entre los partidos tradicionales, por ejemplo en política social y económica o en la manipulación de la Constitución, es causa o efecto del proceso apuntado o si obedece a otras razones, pero en cualquier caso hay un vínculo intrincado: a medida que los partidos se convierten en organismos consagrados a la autopreservación en el seno del sistema, renuncian a las reformas ambiciosas, se adaptan a la situación y, por natural convergencia evolutiva, sus políticas van haciéndose más intercambiables porque tienen el mismo objetivo: perdurar y vivir del sistema. La confrontación política se reduce a la cuestión de qué colectivo o partido ejercerá el control de las administraciones y disfrutará de los beneficios y prebendas derivadas.
27. – La profesionalización de la política y el aumento de la burocracia en el interior de los partidos, dos procesos paralelos que acaban replicando en su interior el esquema de las instituciones que pugnan por ocupar, son sin duda factores que refuerzan la tendencia a convertir el partido en un fin en sí mismo, despreocupado del interés general y desinteresado de la participación ciudadana en la cosa pública, que más bien ha privatizado (evolución negativa que, en los casos más extremos como el de Cataluña, motiva un incremento de la insatisfacción política y la abstención, que llega a superar la participación electoral). En efecto, si los miembros del partido se convierten en profesionales del desempeño de cargos políticos o en meros funcionarios del partido, la preservación de ese su único modus vivendi acaba siendo el objetivo fundamental de la acción política. Añadamos a esta profesionalización espuria la selección negativa, el proceso en virtud del cual los mecanismos habituales de cooptación de miembros del aparato dirigente del partido seleccionan y promueven a los sujetos más conformistas o más hábiles en el manejo de esas reglas de juego, en detrimento de los más críticos, independientes o innovadores.
28. – La renovación de ideas, programas y objetivos es desde luego imprescindible para combatir la esclerosis política, pero siendo condición necesaria no es sin embargo suficiente. Por idealista que quiera ser el partido, seguirá siendo una burocracia consagrada a protegerse y perpetuarse mientras éste no recupere el carácter instrumental, es decir, la regla constitutiva de estar al servicio de un proyecto político a promover en la esfera pública, y por tanto trabajando, tanto en campaña electoral como día a día en las instituciones, para convencer a la mayoría de los ciudadanos de las bondades de sus propuestas.
29. – Una vez perdido, recuperar ese carácter instrumental es difícil, e incluso probadamente imposible en el seno de los partidos tradicionales, que no sólo encuentran grandes dificultades para renovarse en el campo de las ideas, sino sobre todo para modificar sus reglas de promoción interna. Las experiencias de adopción de elecciones primarias y medidas similares suelen tropezar con el hecho de que los intereses inmovilistas y conservadores, incluso entre la militancia poco beneficiada personalmente, acaban por imponerse al interés por mejorar la “democracia interna” como paso previo a reinstaurar la instrumentalidad de la acción política. Le sucedió al PSOE en el intervalo entre Felipe González y José Luís Rodríguez Zapatero, este último un acabado ejemplo de cómo un mecanismo concebido para mejorar la selección de dirigentes a través de elecciones primarias abiertas acaba beneficiando finalmente al sector más inmovilista y carente de ideas innovadoras.
30. – El carácter instrumental del partido no depende tanto de los sistemas de elección interna como de asegurar que la actividad del partido estará volcada hacia la esfera pública. Pero la pregunta es si esa deriva es reversible, y merece la pena intentarlo, o si más bien no será mejor proceder a crear un nuevo partido desde cero, con el compromiso de que será un instrumento al servicio de un proyecto público y actuará en consecuencia. Para que el compromiso sea auténtico, deberá nacer libre de funcionarios de partido o cargos públicos sin mayor interés que el de revalidar su mandato bajo nuevas siglas. Un partido así debe nacer de las redes sociales de confianza de ciudadanos autónomos –es decir, que no dependen de las instituciones políticas ni del aparato del partido para vivir- que comparten las urgencias y prioridades políticas. Este ha sido, precisamente, el origen de UPyD y su principal reto organizativo: fundar un instrumento político capaz de impulsar un proyecto de reforma de la democracia española en las instituciones. Esta fue la razón de que el modelo original de partido ya previera la obligación de abandonar cualquier cargo público obtenido con otro partido como condición para afiliarse al nuestro (con la relativa excepción de las candidaturas municipales independientes, que en cualquier caso tampoco pueden convertirse en cargos de UPyD), y la renuncia a crear juventudes de partido como medio para formar los cuadros destinados a convertirse en nuestros futuros profesionales de la política.
31. – En un partido instrumental, y eso queremos que sea UPyD durante el plazo más prolongado posible, las cuestiones de organización están sometidas a los principios de adecuación, eficacia y eficiencia para los objetivos políticos que se propone alcanzar. Conviene no perder de vista que, siendo necesario que los partidos funcionen internamente con el mayor grado posible de democracia en la toma de decisiones y promoción de liderazgo, dirigentes y candidatos, resulta sumamente destructivo que el modelo de funcionamiento se convierta en la preocupación principal. hasta desterrar cualquier otro debate político y alienarse por completo de las preocupaciones públicas que justificaron su nacimiento. Resulta sintomático que los partidarios de dedicar todos los esfuerzos a diseñar una “democracia interna” perfecta sean también los más indiferentes al proyecto de reforma, mejora o regeneración de la democracia que realmente importa: la pública. Y eso sucede, precisamente, cuando no se logra diseñar un partido que permita la participación libre y el debate abierto acerca de las finalidades y objetivos a conseguir y los medios adecuados para ello. Cuando la libertad se elimina, cuando la participación se anula, cuando el monolitismo se transforma en el valor dominante, y cuando la sumisión al liderazgo constituye la única pauta aceptable, el gran problema es precisamente el modelo de funcionamiento, porque resulta inadecuado para la consecución de los fines para los que el partido ha nacido.
32. – En definitiva, consideramos que nuestro partido tiene una misión específica en la política española, la de promover un conjunto de reformas institucionales de primera magnitud –reforma de la Constitución y de la Ley Electoral, medidas legales de regeneración de la democracia como sistema de listas abiertas en las elecciones, etc.-, y que el partido, lejos de ser un fin en sí mismo, no es otra cosa que un instrumento para llevar a su máxima consecución posible el programa que le ha dado carta de naturaleza. En efecto, no consideramos aceptable que UPyD sea alguna vez un contenedor o vehículo apropiado para llevar a cabo cualquier clase de programa que pueda recibir el respaldo de un número suficiente de votantes, traicionando los compromisos de nuestro origen, sino que estamos obligados a permanecer estrictamente fieles a esta concepción instrumental al servicio de la renovación o regeneración de la democracia española.
3 – Un ideario transversal
33. – El proyecto originario de UPyD era crear un partido transversal, y lo sigue siendo. La transversalidad es un concepto político novedoso, que algunos consideraban característico de los viejos partidos interclasistas, como los nacionalistas, o de partidos oportunistas carentes de ideología y propuestas coherentes. Nuestro empeño en definirnos como “partido transversal” ha dado pretexto a no pocos detractores para descalificarnos como partido sin proyecto conocido, o como una entidad electoral a la caza de votantes de izquierda y derecha descontentos con la oferta de los partidos tradicionales. Es decir, como un modelo de entidad política negativa –que se define como “anti” algo- y básicamente reactivo –que reacciona contra la apatía o conformismo de los partidos tradicionales. Sin embargo, la transversalidad es un concepto creativo, positivo y proactivo de la acción política. En resumen, se trata de crear un partido donde tengan cabida personas con ideas propias y distintas en una variedad de temas, pero de acuerdo en el proyecto político y en las líneas estratégicas para su consecución. A diferencia de los partidos tradicionales, no se trata tanto de reunir “familias ideológicas” o tradiciones venerables, como la liberal-conservadora, democratacristiana y monárquica que en España componen la derecha organizada en el PP, como de poner a trabajar juntas a personas que, al margen de que se reconozcan más o menos en determinada tradición o escuela de pensamiento, o se declaren más o menos liberales o de la izquierda democrática, estén de acuerdo en la necesidad de un proyecto político que bloquean los partidos tradicionales, y que ha justificado el nacimiento de UPyD.
34. – El desafío de la transversalidad política consiste en crear un partido abierto a la participación activa de personas con ideas diferentes en algunos asuntos importantes, que normalmente no coincidirían en el mismo partido tradicional, pero comprometidas en el impulso del mismo programa político. Este carácter transversal se funda en buena medida en la concepción instrumental del partido. En efecto, un partido nacido para impulsar un proyecto de política básicamente institucional, como es UPyD, puede desentenderse con toda libertad de viejas y extemporáneas preocupaciones como las de representar y defender una determinada visión global del mundo, la de permanecer fiel a sus esencias históricas e ideario ancestral, o la de preservar en su seno el alma inmortal de la clase, la nación o la comunidad religiosa, tan importantes para el anacrónico modelo decimonónico de partido al que responden el resto de partidos españoles que cuentan a día de hoy. Liberado de la preocupada cautela de que la afiliación y sus votantes tengan que compartir emociones identitarias, concepciones arcanas y metafísicas o sentimientos hereditarios respecto al rival político –como el miedo cerval a la derecha esgrimido por el PSOE para movilizar a sus bases electorales-, el partido puede dedicarse a la acción política sin el lastre de la lucha por mantener o inventarse esencias a menudo imaginarias y melancólicas. Aprobado cuál es el objeto y finalidad de su labor, y fijados ambos en su programa de partido, los afiliados saben que deben aunar esfuerzos en esa dirección, pero que siguen siendo sujetos libres con criterio propio en todo lo demás.
35.- En la España actual, la transversalidad política significa dar por amortizados algunos antagonismos tradicionales de la modernidad, y en especial el que opone como realidades irreductibles a “izquierda” y “derecha”. Hacer un partido transversal significa asumir el proyecto de trabajar sobre ejes diferentes que, como no son de por sí ni “de derechas” ni “de izquierdas”, pueden ser compartidos por un amplio espectro social de ciudadanos, en concreto todos los conformes con la idea de progreso, de política laica y con el inequívoco carácter nacional del partido.
36. – Debemos subrayar que las personas miembros del partido no somos “transversales”, hipótesis carente de sentido. Transversal es el partido formado por sujetos autónomos que no renuncian a sus criterios e ideas, pero dispuestos a encontrar puntos fundamentales de acuerdo con otros semejantes.
37. – Que el partido sea transversal tampoco significa que su proyecto carezca de coherencia y de límites, de modo que cualquier ideario o meta pueda entrar en su proyecto. El carácter instrumental del partido ya establece una clara demarcación entre lo que puede o no acoger esa transversalidad. Incluye en principio todo lo que sea consistente con la regeneración de la democracia española en un sentido progresista, laico y nacional, y excluye lo que resulte reaccionario, identitario o nacionalista en cualquiera de sus múltiples variedades. Por ejemplo, el europeísmo tiene perfecta cabida en UPyD, pero el aislacionismo nacionalista no. La asunción de la unidad nacional en los términos ilustrados del “patriotismo constitucional” es una idea adecuada para UPyD, pero la reivindicación o defensa de una nación unida desde la noche de los tiempos, ligada por lazos étnicos o míticos prepolíticos, no puede serlo.
38. – La transversalidad tiene consecuencias importantes que afectan a lo que suele considerarse la ideología de partido. En concreto, estimula un debate y reajuste constante de sus posiciones sobre temas socialmente más polémicos, se trate de la legislación sobre el aborto o la regulación de la eutanasia, o sobre el empleo de la energía nuclear, la inversión en defensa, las leyes antiterroristas, etc. También implica renunciar a la concepción de un partido omnicomprensivo, anclado en un paradigma que sirve supuestamente para dar soluciones y respuestas a cualquier tema imaginable. Por el contrario, la preservación del plus de pluralidad que implica la transversalidad obliga a que nuestro ideario y programa se atengan solamente a lo que podemos compartir dentro del marco político que propugnamos, renunciando a adoptar posiciones sobre aquellas cuestiones que, al no ser incompatibles con el meollo de nuestro proyecto, como por ejemplo la opción entre monarquía o república, forzarían la apertura de cismas “ideológicos” al rancio estilo tradicional, más relacionados con dogmas e identidades cerradas propias de las religiones políticas que con la idea de política institucional y cívica que propugnamos.
39. – El antagonismo izquierda-derecha tradicional, instaurado con la Revolución Francesa, ha sido sustituido por otro mucho más amplio y complejo, el que separa a las políticas progresistas de las políticas reaccionarias o regresivas; ni una ni otra son patrimonio de la izquierda o de la derecha tradicionales. Hay numerosos ejemplos de izquierda reaccionaria y de derecha progresista, y viceversa. Fidel Castro es un dictador reaccionario de izquierdas porque desde el punto de vista de la democracia todas las dictaduras son reaccionarias, mientras que el derechista canciller Bismarck resultó ser un político progresista cuando fundó el germen de la seguridad social en la Alemania del II Reich.
40. – Consideramos que todas las políticas orientadas a ampliar y mejorar tanto la libertad individual como la igualdad de oportunidades son políticas para el progreso, porque éste sólo puede evaluarse en términos de más libertad y de más igualdad de las personas. En efecto, el progreso de los pueblos, clases o entes colectivos de cualquier tipo no es otro que el resultado del aumento del disfrute de libertad personal e igualdad de oportunidades y jurídica de los sujetos individuales que los componen. Por lo demás, una sociedad más liberal y más igualitaria ofrecerá más y mejores oportunidades al progreso de cada uno de sus ciudadanos. El progreso social es la consecuencia de una economía más productiva y avanzada, de una mejor educación y de mejores servicios sociales universales, del progreso científico, técnico y cultural, de unas costumbres más libres, inclusivas y tolerantes, y también de la mejora constante de las instituciones democráticas, que deben progresar acompasadamente con la sociedad emprendiendo las reformas institucionales necesarias.
41. – Consideramos fundamental vincular, como dos caras de la misma moneda, libertad personal con igualdad jurídica y de oportunidades. Cierta crítica sedicentemente “liberal” se empeña en oponer, en cambio, libertad a igualdad sobre la base de que todo avance en la segunda implica recortes de la primera. Postula que, en cualquier caso, la desigualdad en el seno de las sociedades democráticas avanzadas es un resultado natural del distinto talento, mérito y esfuerzo de los individuos. Desde ese punto de vista, el Estado debería limitarse a garantizar la libertad y los derechos básicos recurriendo a una administración lo más pequeña posible y a una fiscalidad lo más reducida que se pueda. Además, el Estado debería abstenerse de intervenir allí donde la iniciativa privada puede actuar con eficacia, de modo que las instituciones públicas sólo existirían allí donde, por cualquier razón justificada, no puedan concurrir la empresa y el capital privado. Aunque este programa tiene fundamento en los abusos intervencionistas del Estado y en fenómenos como la proliferación irracional y derrochadora de las administraciones públicas, no es menos cierto que sigue careciendo del menor sentido y veracidad invocar la libertad personal si no existe un marco legal e institucional igualitario que, proporcionando las mismas oportunidades a todos los ciudadanos en las decisiones esenciales de su existencia, haga efectiva la facultad o valor de elegir sin el que no existe libertad personal que valga. Por eso el Estado debe velar para que exista una oferta suficiente y con calidad de educación, sanidad, pensiones y servicios sociales básicos universales e iguales para todos, de manera que la libertad de elegir un estilo de vida propio o una opción personal de cualquier tipo sea algo más que una aspiración sólo al alcance de una minoría de afortunados. Consideramos que cualquier progreso hacia más igualdad jurídica y de oportunidades equivale a reforzar y ampliar la libertad personal, y viceversa.
42. – Sin embargo, es fácil pervertir el concepto de progreso gracias a la ambigüedad vertida por los muchos y a veces divergentes significados con los que suele invocarse. En España, “progresismo” se ha convertido en un término más exclamatorio que descriptivo, sinónimo de la alineación automática con la virtud y el bien que pretende monopolizar la izquierda tradicional, y también en un término peyorativo y derogatorio empleado por los detractores de la derecha no menos tradicional. Un vaciamiento del sentido propiciado por la pretensión de presentar como “políticas progresistas” aberraciones reaccionarias como la discriminación lingüística justificada por la “normalización” de lenguas regionales, el sectarismo exacerbado que demoniza a los “herederos de Franco” (pecado original lavado por la adquisición de un carnet de izquierdas o nacionalista), la vindicación de la diferencia frente a la igualdad y cualquier idea de unidad, o la liquidación de las instituciones comunes en beneficio de la proliferación burocrática. Desde la trinchera contraria se descalifica por “progre” cualquier propuesta de mejora de las libertades individuales o refuerzo institucional de la igualdad. La democracia ha progresado en la historia emprendiendo sucesivas inclusiones de antiguos excluidos y segregados –esclavos, siervos, inmigrantes, creyentes de otras religiones y ateos, trabajadores manuales, mujeres, homosexuales, etc.- para convertirlos en ciudadanos libres e iguales en derechos y obligaciones, mientras que la manipulación sectaria del progreso sólo busca excluir al otro y estigmatizarlo como enemigo inaceptable, erosionando peligrosamente los fundamentos mismos de la convivencia democrática.
43. – Consideramos que la devolución de su valor originario al léxico político también es un objetivo sustancial de la regeneración democrática, y que recuperar el significado de conceptos como el de progreso de la democracia, de la sociedad o del conocimiento científico es un paso muy importante para volver a disponer de un lenguaje público con sentido que, a su vez, sea la expresión de las ideas comunes y el vehículo de comunicación de una democracia mejor. Por eso UPyD se define como partido progresista pese a los inconvenientes que ello conlleva ahora –la pretensión de monopolio de una izquierda cada vez más reaccionaria, y el desprecio de una derecha no mucho mejor-, y se compromete a impulsar políticas de progreso en todos los ámbitos públicos, es decir, las que persiguen aumentar la libertad de las personas y extender la igualdad entre todas ellas en el seno de un sistema democrático basado en la ciudadanía.
44. – El progreso político es, indudablemente, un progreso cultural que tiene su correlato y su condición de mejora en el desarrollo de la educación y de la investigación científica, es decir, en el progreso del conocimiento en todos los campos y en la extensión universal de su acceso y difusión, más posible que nunca hoy gracias a las revolucionarias tecnologías de la información. Un progresismo así concebido, de matriz ilustrada, es claramente contrario al relativismo en cualquier campo (relativismo lingüístico, cultural, moral o cognitivo), por lo que tiene de concepción reaccionaria sobre la cultura, entendida y promovida como sistema para el incremento de las diferencias y la incomunicación entre grupos y de la desigualdad entre individuos, objeto de segregación por su distinta “identidad cultural”. En este sentido, consideramos poco o nada acorde con el ideal de progreso de la democracia el programa de la llamada “Alianza de Civilizaciones” que, so pretexto de nobles fines pacifistas, tiene la consecuencia de aceptar como “valores culturales” respetables la discriminación legal de la mujer, la restricción de la libertad sexual, la prohibición de la libertad de conciencia o el fundamentalismo religioso. Por las mismas razones, consideramos que el proyecto de “sociedad multicultural” implica riesgos inaceptables para el concepto democrático de sociedad de ciudadanos libres e iguales al considerar una meta política legítima la constitución de comunidades con sus propias reglas legales dentro de la sociedad civil, convertida así en una amalgama de comunidades religiosas, culturales o étnicas sobrepuestas a la ciudadanía común.
5 – Una política laica
45. – El laicismo no es un elemento más de la democracia, sino uno de sus componentes básicos y condición necesaria de su desarrollo, porque en una sociedad donde conviven distintas confesiones religiosas y creencias espirituales, incluido el ateísmo, la única garantía de libertad de culto e igualdad de trato para todos es la neutralidad religiosa constitucional del Estado, traducida en la separación de creencias religiosas o espirituales y de fuentes de la legalidad y legitimidad, de tal manera que las primeras no determinen el carácter de la segunda y que la ley, a su vez, no introduzca impedimentos al libre desenvolvimiento de los cultos y asociaciones religiosas compatibles con la legalidad democrática, es decir, todas las que acepten la universalidad, vigencia y obligatoriedad sin excepciones de las leyes e instituciones públicas, incluso de las que – o sobre todo aquellas que-, puedan chocar con creencias e instituciones particulares. A partir de esta premisa general, es cierto que la laicidad del Estado sigue siendo muy imperfecta en España, que constitucionalmente se define como “Estado aconfesional”, y de ahí que nuestro partido optara por el laicismo como uno de sus rasgos básicos en su proceso de fundación.
46. – El laicismo político no se limita a reclamar la separación de Iglesia(s) y Estado sino que, debido al desarrollo y evolución de la sociedad y de la política, debería incorporar nuevas metas: la distinción entre creencias, prácticas y comunidades religiosas compatibles o incompatibles con la democracia, y la extensión del requisito de laicidad a las llamadas “políticas identitarias”.
47. – Existen asociaciones religiosas que, esgrimiendo el principio de tolerancia o el multiculturalismo, reclaman un estatuto jurídico particular para lograr mantener algunas prácticas que chocan con preceptos constitucionales, tales como el mantenimiento de la mujer en un estatus de inferioridad jurídica, la ablación genital, el matrimonio concertado forzoso o la poligamia, y el recurso a tribunales religiosos para dirimir cuestiones de derecho civil. Sin entrar en la justificación espiritual o tradicional de tales instituciones, consideramos que éstas no deben ser admitidas legalmente en el seno de una democracia porque atentan de entrada contra el precepto de la libertad e igualdad de los ciudadanos.
48. – Tampoco es aceptable la pretensión de que el Estado deba hacerse cargo del coste de la educación religiosa o catequesis de las distintas confesiones, sean estas tradicionales o nuevas, y que reconozca la validez académica de los conocimientos así transmitidos o excepciones laborales como el nombramiento de profesores de religión por la jerarquía religiosa respectiva, al margen del sistema general de titulación y contratación del personal docente. Por el contrario, el principio de separación de creencias religiosas y leyes democráticas pone de relieve con mayor fuerza, si cabe, la importancia de una educación pública laica universal y de calidad. Cosa distinta es el papel que debe tener la enseñanza de las creencias religiosas como fenómeno cultural e histórico de imprescindible conocimiento para comprender el mundo actual y prevenir corrientes xenófobas o fobias contra determinados creyentes y comunidades religiosas. Del mismo modo en que el laicismo democrático no tiene nada que ver con el ateísmo militante de ciertos regímenes totalitarios, el carácter privado de la catequesis y predicación religiosa no excluye, en absoluto, la inclusión en el currículum educativo de asignaturas sobre creencias religiosas.
49. – Más allá de la cuestión religiosa, que la expansión del Islam está volviendo a suscitar en muchas sociedades, el laicismo encuentra su fundamento en la separación de la ética privada y la ética pública. La primera es el conjunto de valores y hábitos morales de un sujeto, sean los de la mayoría o diferentes, y se corresponda o no con una confesión religiosa o tradición moral cualquiera. La segunda es el conjunto de valores morales que hace suyos una comunidad política y que, en este sentido, se vinculan con la democracia, y por tanto con la política aunque ésta y la ética sigan siendo instancias diferentes. La ética pública proporciona sustento a la democracia de las sociedades complejas y abiertas, donde conviven personas y grupos con toda clase de creencias, porque permite hacer compatible la existencia de los diversos valores morales respectivos con una moralidad general inclusiva y básica, compatible con aquéllas. Así, la creencia en la igualdad esencial de las personas es un valor de la ética pública básico para la democracia, pues priva de legitimidad a la segregación y a la discriminación (que la democracia debe empeñarse en superar y eliminar), y tiene su traducción política en el principio constitucional de igualdad ante la ley.
50. – Como sucede con las creencias religiosas, no todas las éticas privadas o las que así consideremos son compatibles con la ética pública de la democracia. Cualquier ética privada que apruebe principios como el de discriminación entre sexos, razas, orientaciones sexuales, castas, etc., entra en conflicto con la ética pública de la democracia, sobre todo si trata de manifestarse como una opción moral y política legítima, es decir, si trata de oponer una ética pública alternativa a la democrática. Es lo que sucedió y sucede en los regímenes totalitarios donde la sumisión al poder político o religioso se impone, como valor, a los principios de igualdad, libertad, autonomía personal, etcétera. Por consiguiente, no todas las creencias religiosas y morales son aceptables en la democracia. Pero como el principio esencial de ésta es que a nadie se le juzga por sus creencias, sino por sus acciones –incluyendo acciones comunicacionales como la apología de delitos-, la ética privada en conflicto con la pública de la democracia puede subsistir tranquilamente mientras no traspase la frontera de la privacidad para adquirir un estatus público. El principio ético público de la democracia es que cada cual puede tener las creencias que quiera mientras no viole las leyes, o no trate de convertirlas en creencias obligatorias para los demás por cualquier procedimiento, o mientras no trate de preservarlas para una comunidad segregada en calidad de ley privada comunitaria. Esta es, precisamente, la principal idea del laicismo, que no debe haber leyes de fundamentación religiosa o moral particulares para un grupo, por lo que cabe considerarlo un fundamento de la ética pública de la democracia.
51. – La ética pública no pretende dirimir ni resolver los conflictos morales privados, sino solamente remitirlos al ámbito de la conciencia si no chocan con la legalidad –y regulando, en su caso, la “objeción de conciencia”-, de modo que sea posible la convivencia de sujetos con diferentes e incluso divergentes éticas privadas. Es el caso de los problemas suscitados por la despenalización del aborto o de la eutanasia, que para los creyentes de varias religiones son graves pecados. La ética pública no resuelve si lo son o no, sino que establece que la calificación de pecado carece de relevancia pública porque deriva de una creencia privada. Las leyes de la democracia deben limitarse a regular qué acciones se prohíben y penalizan por su carácter delictivo, sin entrar en su valoración ético-religiosa. Tal es la solución laica para los conflictos entre creencias privadas y públicas: como la legislación despenaliza o autoriza una acción sin obligar a nadie a cometerla, es posible y necesario despenalizar el aborto aunque una parte sustancial de la población tenga la creencia de que no se debe abortar en ningún caso por razones morales o mandato religioso.
52. – Los problemas morales no son el único ámbito de acción del laicismo. Las llamadas políticas identitarias, consagradas a legislar la preservación y promoción de determinados rasgos y elementos simbólicos de carácter colectivo –como lenguas vernáculas, tradiciones, instituciones particulares, etc.- deben entrar también en esta categoría de exclusión de la democracia por razones de laicidad. La defensa y práctica de determinadas creencias simbólicas debe ser considerada, como ocurre en el caso de las religiosas, como un asunto privado sujeto al libre albedrío de los interesados, pero nunca institucionalizarse como obligación pública por ley. Esto excluye, por ejemplo, que podamos considerar democráticas las leyes y campañas de “normalización lingüística” que persiguen preservar o extender el uso de una lengua vernácula mediante medidas coercitivas que limitan la capacidad de elección libre de los ciudadanos. Una vez garantizada la cooficialidad de las lenguas arraigadas o tradicionales de una comunidad, la decisión de usarla y transmitirla debe dejarse a la elección de cada cual.
53. – Es objetivo de la democracia garantizar la libre práctica de cualquier creencia privada o colectiva, siempre que no entre en abierta contradicción con los principios democráticos –como lo hacen sostener la inferioridad jurídica de las mujeres respecto a los hombres o la existencia, según el nacionalismo, de supuestas obligaciones legales de los vivos para con los antepasados-, pero la garantía de este derecho no comporta reciprocidad legal en forma de obligación universal. Se puede sin duda creer en dogmas religiosos y obrar en consecuencia con toda libertad -dentro de los límites que permita la ley-, pero de ningún modo pretender que dicha creencia deba tener un carácter de obligatoriedad, ni que su enseñanza deba ser considerada un saber evaluable a efectos académicos y subvencionada con fondos públicos.
6 – Un partido constitucionalista inequívocamente nacional
54. – La concepción nacionalista de la nación ha contaminado el lenguaje político de la democracia española, especialmente el que emplea la izquierda tradicional. La idea de que la batalla política debe ser entre izquierda y derecha, integrando en la misma a los respectivos sectores del nacionalismo, ha servido para desvirtuar profundamente el sentido mismo de la democracia, cuyo objetivo no es vencer a la derecha, o viceversa, sino superar aquellas concepciones y prácticas reaccionarias en las que se ataca o disminuye la libertad e igualdad de los ciudadanos, cosas ambas más que abundantes en el nacionalismo. Es más, la premisa de que el nacionalismo encarna algunos valores progresistas –por ejemplo, el PNV por su resistencia antifranquista- que le convierten en socio natural contra “la derecha”, se ha convertido en idea favorita de una izquierda conservadora que identifica su control de las instituciones, y su imitación de muchas concepciones del nacionalismo, con el avance de la democracia contra sus enemigos de la derecha, que sería antidemocrática por naturaleza.
55. – Por su parte, el concepto de “nación española” de la derecha tradicional también comparte con el discurso de los nacionalistas catalanes, gallegos y vascos la pretensión de que la nación sea una entidad prepolítica que se remonta a la noche de los tiempos y descansa sobre bases mitológicas, étnicas o lingüísticas. En definitiva, se ha convertido en moneda de curso corriente la falacia de que referirse a la “nación española” significa lo mismo que hacerlo a las “naciones” vasca, catalana o gallega. Esta equiparación ha sido recogida en la noción de “Estado plurinacional” o “nación de naciones” tan grata al zapaterismo. Sin embargo, desde una perspectiva democrática la única nación auténtica es la española mientras que, en todo caso, la vasca o la catalana son proyectos políticos –como, en sentido integrador, puede serlo el proyecto de una Europa unida-, pero proyectos que exigen, para su realización, la ruptura de la nación española, o lo que es igual, la ruptura de la democracia, lo que no puede sino considerarse un proyecto absolutamente reaccionario. En efecto, lo único que justifica desgajar un Estado para crear una nación en uno de sus pedazos es que aquel Estado no fuera democrático, y que la secesión instaure una democracia en la nueva nación separada.
56. – La nación política no es una herencia histórica originada en la noche de los tiempos, sino el resultado de un pacto constitucional que permite a la comunidad constituirse en nación en el sentido ilustrado del término, que conviene diferenciar del romántico. En efecto, la nación no se basa en la amalgama de tradiciones inmemoriales, gestas históricas, tierra y sangre u otros elementos identitarios –esta sería la nación mítica y eterna de los diversos nacionalismos-, sino en el acuerdo constituyente, o pacto social, en que todos los considerados ciudadanos son iguales en derechos y obligaciones. El concepto ilustrado de nación es consustancial a la democracia: la nación, o es democrática o no es nación. Por eso mismo es absurdo defender, al modo nacionalista, que las naciones preexisten y son anteriores a la instauración de la democracia.
57. – UPyD es un partido inequívocamente nacional en este sentido: renuncia expresamente a representar o promover entidades de tipo territorial, romántico o mitológico. La nación de UPyD no es otra que la nación española instaurada –o restaurada tras el paréntesis de la dictadura franquista- por la Constitución española de 1978. Es esta concepción constitucionalista de la nación, inseparable del concepto jurídico-político de ciudadanía democrática, la que nuclea nuestro proyecto político. Proponemos reformas constitucionales para, precisamente, profundizar en la libertad e igualdad que son objetivo básico del pacto constitucional de 1978, esto es, para que la nación española sea una comunidad de ciudadanos más libres y más iguales, rescatando la ciudadanía española de las erosiones, menoscabos y amenazas derivadas del progreso de las políticas nacionalistas de fundamentación identitaria –étnica o lingüística- y antiliberal.
58. – Es importante subrayar que la crítica al nacionalismo no es, ni debería serlo nunca, el centro de gravedad de nuestro discurso y proyecto político. Ese lugar corresponde a la mejora de la democracia, porque un partido por la regeneración democrática no debe ser solamente un partido antinacionalista, algo muy diferente. En nuestro tiempo, la oposición no se produce entre nacionalismo y antinacionalismo, o entre dos nacionalismos rivales, sino entre nacionalismo y democracia. Si bien en la época de la emergencia de las primeras democracia modernas hubo formas de nacionalismo primitivo no sólo legítimas sino necesarias para superar el antiguo régimen –como se ve fácilmente en las revoluciones americanas y francesas, y en las revoluciones sucesivas a lo largo del siglo XIX, en las que decidir qué era la nación y su constitución democrática fue un problema fundamental-, los nacionalismos actuales, y en concreto los que hay en España, tienen un significado completamente diferente. En efecto, si los primeros nacionalismos de matriz liberal formaron parte de la instauración de la democracia por la vía revolucionaria, sus herederos actuales pretenden lo contrario: en lugar de instaurar nuevas democracias o mejorar la común, romper la democracia existente mediante políticas ajenas, cuando no antagónicas, a los principios de igualdad y libertad (no es casual que se justifiquen invocando la defensa de la diferencia). Por eso es fundamental reconocer que la oposición al nacionalismo no es ni debe ser mero antinacionalismo ni, mucho menos, un nacionalismo de signo distinto, sino un programa de progreso de la democracia que necesariamente se opone al nacionalismo porque se compromete a impulsar políticas igualitarias que chocan de frente con la defensa y estímulo de la diferencia comunitaria.
59. – Además de la batalla de las ideas, el nacionalismo ha sido instituido como estrategia política exitosa por la propia arquitectura institucional del Estado surgido de la Transición. Así, la sobrerrepresentación provincial, es decir, la prevalencia del territorio sobre los ciudadanos a la hora de emitir el voto –con enormes diferencias entre el valor de un voto en una u otra provincia a la hora de convertirlo en escaños-, favoreció desde el principio la aparición de fuerzas políticas de base territorial particularista, decididas a explotar en su propio beneficio un sistema muy ventajoso que les permite convertirse en la llave del sistema parlamentario. En segundo lugar, el sistema electoral provincial perjudica a las fuerzas de ámbito nacional no mayoritarias, y también favorece la conversión de los grandes partidos nacionales en federaciones de partidos regionales que muchas veces defienden intereses divergentes e incluso antagónicos, como pasa en el PSOE y PP con la política hidráulica, por ejemplo.
60. – En resumidas cuentas, la prosperidad del nacionalismo en España no ha sido solamente consecuencia de la dudosa extensión de sus principios, sino más bién de los efectos beneficiosos de un sistema institucional basado en principios conservadores y localistas que, si no se pensó para favorecerles directamente, ha coincidido con sus intereses.
61. – El localismo que justifica la defensa de la provincia o de cualquier otra demarcación territorial sobre el ciudadano individual ataca claramente el principio de igualdad básico. Si bien es aceptable introducir determinadas correcciones que aseguren a todos los territorios tradicionales o entidades administrativas una adecuada presencia en las instituciones básicas, no lo es en cambio que esas correcciones deformen el principio de proporcionalidad hasta llevarlo a la mera caricatura. Por eso pensamos que la regeneración democrática pasa por recuperar, junto al principio igualitario de “un ciudadano un voto”, la premisa de que el territorio no puede de ningún modo constituirse como un ente político con derechos propios e intereses prevalentes sobre los de los individuos que los habitan.
62. – El concepto español actual de “constitucionalismo” o de “partido constitucionalista” nació en el País Vasco de los años noventa para definir una concepción de la política que, estando en las antípodas del nacionalismo, quería superar el mero antinacionalismo reactivo (una reducción que interesa, en primer lugar, al nacionalismo mismo). La médula de ese constitucionalismo es la convicción y el programa político de que no hay otros derechos políticos que los instaurados en el pacto constitucional y fijados en la Constitución, y que la misión de la política es el desarrollo legislativo e institucional de las libertades constitucionales. Esta concepción tiene al menos tres consecuencias importantes: a) supera el mero enfrentamiento simétrico con el nacionalismo, yendo mucho más allá que éste en todos los ámbitos de la política. b) afirma que el desarrollo de la Constitución, y sus eventuales reformas, son el marco normativo de la democracia, no los sedicentes derechos pre-constitucionales. c) instaura un concepto democrático-liberal del juego político dentro de un sistema de instituciones con sus correspondientes contrapesos, fundado en la separación de poderes.
63. – Si estos ejes conceptuales convienen a las fuerzas políticas tradicionales, mucho más a un partido como el nuestro. De hecho, las fuerzas políticas tradicionales han trabajado en la práctica en contra de estos ejes al adoptar tópicos nacionalistas, renunciar al desarrollo de la Constitución o buscar su reforma regresiva por vías de hecho (como en las reformas estatutarias), y vaciar de sentido la separación de poderes invadiendo el judicial, banalizando el legislativo y tratando de convertir el ejecutivo, en el colmo del despropósito, en un poder “dador de derechos”.
7 – El partido y la “democracia interna”
64. – El funcionamiento interno de los partidos no es una cuestión privada: tiene relevancia pública porque modela y condiciona la vida política. Al fin y al cabo, son los partidos los que presentan candidatos, deciden las leyes y normas electorales, y tras las elecciones desempeñan las tareas de gobierno y oposición, de modo que sus decisiones de carácter interno tienen, inevitablemente, gran repercusión pública. Incluso pueden, como ocurre a menudo, alterar mediante pactos poselectorales la voluntad popular expresada en las urnas. En conclusión, el funcionamiento de los partidos es parte fundamental del sistema democrático, no un asunto externo al mismo. Por eso mismo conviene adoptar un modelo organizativo lo más semejante posible a las normas que se proponen para el sistema democrático, pero con una importante salvedad: un partido político no es una democracia dentro de la democracia, ni un Estado dentro del Estado, sino un instrumento al servicio de la política que representa un proyecto particular, “de parte”, no “de totalidad” aunque se dirija al conjunto de los ciudadanos.
65. – Ciertas corrientes de fundamentalismo político que también han tratado de colonizar a UPyD intentan reeditar la forma tradicional del partido de masas o partido-comunidad en nombre, precisamente, de la democracia interna. Pero la identificación de la democracia interna de un partido con el sistema democrático en su conjunto es una falacia capaz de frustrar ese proyecto de regeneración democrática que se pretende abanderar más que nadie. El concepto de partido-comunidad es congruente con la concepción típica de las religiones políticas (como los nacionalismo y las corrientes marxistas), en las que el partido aspira a sintetizar y anticipar los rasgos generales de la sociedad ideal que persiguen, a modo de un Estado nuevo, dentro del viejo Estado, que emergerá en su momento para sustituir al segundo en un salto revolucionario. Pero este concepto de partido-comunidad –alternativa a la sociedad existente- no sólo es inadecuado para la regeneración democrática que propugnamos, sino completamente antagónico con ella. Un partido propone una política para toda la sociedad en su conjunto, no para esa sección especial y limitada que es uno de los partidos políticos que existen en su seno.
65. – En efecto, la regeneración de la democracia no consiste en la sustitución del sistema existente por uno completamente distinto de nueva planta –sea otra nación, como propugnan los separatistas, sea una sociedad radicalmente distinta-, sino en la adecuación progresiva y progresista, mediante reformas sucesivas, de las instituciones jurídicas y políticas de la democracia, de manera que estén más adaptadas a las cambiantes características de la sociedad española actual, y siempre con la vista puesta en el horizonte de una mayor libertad e igualdad. Ahora bien, mejorar la igualdad no significa, como pretendía el marxismo, estrangular cualquier forma de desigualdad económica, porque esa estrategia conduce inexorablemente a la extinción de la libertad. Del mismo modo, la creación de una nueva nación mediante la ruptura de la nación española, como pretende el nacionalismo, siempre conlleva el coste injustificable de la destrucción del sistema democrático, y por tanto de la libertad e igualdad de los ciudadanos. Por el contrario, la regeneración democrática que concebimos pretende que la igualdad a mejorar sea la que consiste en igualdad jurídica, igualdad de oportunidades de acceso a los bienes materiales, e igualdad de disfrute de los servicios sociales básicos y de acceso a la educación y a la cultura. Nuestra convicción es que el desarrollo paulatino de esta concepción igualitaria conduce a una mejora de la libertad personal, al liberar progresivamente a los sujetos de sujeciones materiales y deficiencias educativas y culturales que les impiden en la práctica un mayor disfrute de su libertad jurídica.
66. – El partido político acorde con el modelo ilustrado de nación constitucional no puede pretender ser la semilla ni el núcleo experimental de una sociedad alternativa a la existente sino, por el contrario, una asociación de ciudadanos libres para la promoción de un proyecto político común que sólo tiene cabida en una sociedad abierta y cambiante constituida en nación. Esta asociación política de ciudadanos no pretende ser la vanguardia de la sociedad del futuro, ni la comunidad de elegidos que preserva y transmite la llama sagrada de la nación a las generaciones venideras. Sólo quiere ser un partido político con un proyecto propio que compita en igualdad de condiciones con otros partidos rivales para acceder a las instituciones mediante procesos electorales.
68. – Siendo indudable que el partido debe hacer suyos algunos de los procedimientos que recomienda para la regeneración del sistema, también es cierto que la diferencia abismal que media entre un sistema constitucional completo, que estructura políticamente una sociedad compleja, y un partido que forma parte del sistema, obliga a la renuncia a reproducir el sistema a una escala distinta. Por ejemplo, es absolutamente necesario que el sistema constitucional incorpore el principio de separación de poderes y de contrapesos institucionales, pero en cambio es absurdo que un partido se dote de poderes separados o incorpore en su seno un modelo de funcionamiento que partiera de la existencia de proyectos políticos enfrentados, al viejo y cainita modo de los “partidos dentro del partido”.
69. – Algunas exigencias de “democracia interna” se derivan precisamente de esa confusión, de la falacia de que un partido político debe estructurarse a imagen y semejanza del sistema democrático porque es una sociedad dentro de la sociedad, etc. Un partido de ese tipo sería, en primer lugar, completamente inviable e ineficaz para su única justificación de existir, a saber, la acción política, que siempre es una acción pública sobre los asuntos públicos. La razón de esta incapacidad estriba en que al adoptar en su seno una imitación del sistema en su conjunto, toda su acción quedaría inexorablemente orientada a reproducir los debates y conflictos de intereses unidos a las luchas por el poder que en la democracia se ventilan entre partidos distintos. Un partido así sólo podría aspirar a “dar ejemplo”, a mostrarse como un experimento de cómo sería la democracia ideal si el sistema fuera el del partido modelo. En última instancia, un partido así necesita aspirar a ser el partido único o vanguardia guía, mientras los demás partidos aparecen como poco o nada democráticos y, por tanto, deslegitimados e inútiles para la empresa de instaurar esa supuesta democracia perfecta. En definitiva, ese partido ideal de tipo comunitario acaba siendo finalmente un partido totalitario que no pretende ofrecer sus propuestas a la ciudadanía, sino obligar a ésta a adoptar sus reglas, privándola de libertad, liquidando la igualdad y acabando con la ciudadanía y la democracia posible en nombre de la democracia perfecta. Es el proceso experimentado en el curso de numerosas revoluciones, en las que un partido revolucionario que se presenta como adalid de la libertad acaba liquidando ésta por completo.
67. – Un partido político comprometido con la regeneración democrática debe pues adoptar aquel modelo de organización que, siendo fiel a sus exigencias y objetivos, sea además el más eficaz para la acción política que emprende. Por lo tanto, debe basarse tanto en principios firmes como en criterios pragmáticos. A diferencia de los partidos tradicionales conservadores, deberá emprender y adoptar formas de organización y trabajo político con objetivos claramente renovadores, congruentes con sus postulados y ofertas a la sociedad (por ejemplo, limitar los mandatos para corregir la tendencia de la política a convertirse en profesión). Y a diferencia de los partidos-comunidad, no pretende suplantar al sistema democrático existente anticipándolo en su estructura, sino mejorar, mediante la acción política en las instituciones, el sistema constitucional existente.
68.- Por todas las razones mencionadas, UPyD debe configurarse como un partido democrático, transversal y nacional, que combine en sus rasgos estructurales la necesidad de unión con la de pluralismo no sectario; la necesidad de un liderazgo potente y estable con la de mecanismos de control que frenen la propensión al autoritarismo y la oligarquización; la necesidad de innovar ideológicamente con la de sintetizar propuestas políticas mediante mecanismos de decisión mayoritarios y respeto de las minorías; la necesidad de defensa de la unidad nacional con la del respeto al pluralismo cuando éste sea leal a aquélla; la necesidad de defender políticas de progreso para España sin permitir a nadie que se atribuya el monopolio del interés general y el progreso; la necesidad de acabar con el estancamiento oligárquico y caciquil del sistema político español sin copiar las peores patologías de las ideologías y formas de hacer política tradicionales.
UPyD debe configurarse como un partido radicalmente innovador, que sepa canalizar el deseo de Regeneración de amplios sectores de la sociedad española, defraudados ante la degeneración del país impuesta por una oligarquía corrupta y alejada del interés general.