La revista de Guerra propone 'suspender' las autonomías
El Mundo:
Una tribuna reclama ya «un gobierno de emergencia nacional»
La revista Temas, cuyo Consejo de Redacción preside el diputado del PSOE Alfonso Guerra, publica en su número de este mes una tribuna en la que el economista Manuel Muela defiende «la constitución inmediata» de un «gobierno de emergencia nacional» para lo que resta de legislatura, cuya primera medida sería la aprobación de una ley orgánica que suspenda las autonomías, como paso previo a una «revisión constitucional» que «permita recuperar para el poder central la mayoría de las competencias transferidas» a las comunidades.
Muela, que es presidente del Centro de Investigación y Estudios Republicanos, converge en su mirada crítica hacia el Estado autonómico en muchos de los planteamientos que ha venido exponiendo en las últimas semanas José María Aznar en actos del Partido Popular y de la Fundación Faes.
Por ejemplo, cuando Muela escribe desde esa revista -próxima editorialmente a los postulados de las corrientes más a la izquierda dentro del PSOE- que las comunidades autónomas se han convertido «en la práctica en contrapoderes estatales con vicios agudos de clientelismo y con escaso sentido de la solidaridad», recuerda a la reciente afirmación de Aznar en Madrid de que «España no puede competir ni en Europa, ni en el mundo» con «unas comunidades aspirando a convertirse en miniestados».
En esa intervención, en la que presentaba el estudio de Faes Por un Estado autonómico racional y viable, el ex presidente del Gobierno citó como «ejemplo» a seguir el de Alemania, que en 2006 , gracias a la grossekoalition entre los dos grandes partidos, aprobó una reforma constitucional para que el estado central recuperase competencias que había ido perdiendo en favor de los poderes regiones.
Muela, que también es miembro del Consejo de Redacción que preside Alfonso Guerra, va mucho más lejos y propone que, de manera urgente, «un gobierno de gestión» se haga cargo del país y apruebe una ley orgánica «suspendiendo los organismos e instituciones autonómicas». «Se ganaría eficacia y se produciría una disminución inmediata de gastos en beneficio de una reducción significativa del déficit público. En su caso, el Tribunal Constitucional resolverá sobre la constitucionalidad de dicha ley, que sería transitoria hasta que culminara la revisión constitucional», concluye.
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