Una constitución payasa puede dar lugar a una payasada de sociedad. El Prostitucional decide la política sanitaria.
Que no se me despiste nadie. No pretendo decir -ni saber- quién tiene la postura razonable en la discusión entre el Gobierno Vasco y el de España, a cuenta de la atención (o no atención) sanitaria a los “sin papeles”. Lo que sí parece claro es que en cualquier país serio la competencia para decidir eso es de uno o del otro, y que en caso de conflicto habrá un tribunal para esclarecer de quién es la decisión. Pero no será un tribunal el que decidida cuál es la política a seguir. Claro que había dicho “un país serio”, no España.
En España el asunto es diferente. Si el gobierno central decide algo, el gobierno regional puede sacarle un dedo, y decirle que en su ámbito de poder, naina. Que hace un decreto regional en contra de la decisión del gobierno. Decreto que se recurre desde el gobierno de la nación, y ya tenemos metido al Prostitucional en el jaleo.
Hasta aquí todo parece más o menos normal. Y uno, en su ignorancia, esperaría que el Prosti dictaminara de quién es la competencia. Pero España es especial, y su Prostitucional no solo es una especie de supremo del Supremo, sino también un perro guardián de la política. Y dictamina lo que hay que hacer, independientemente de quién lo diga.
El pleno del Tribunal Constitucional atiende a los argumentos del Gobierno vasco, cuyos letrados argumentaban que la no atención de este colectivo repercutiría en su salud individual y también en la "prevención de la propagación de determinadas enfermedades infecto-contagiosas, afectando directamente a la salud de toda la sociedad".
El Alto Tribunal afirma que el "derecho a la salud y el derecho a la integridad física" de los inmigrantes sin papales y la "conveniencia de evitar riesgos para la salud del conjunto de la sociedad" tienen una "importancia singular en el marco constitucional" que no puede verse "desvirtuada" por la "mera consideración de un eventual ahorro económico que no ha podido ser concretado". [-->]
¿La constitución dice cuál ha de ser la atención sanitaria? Pues alucina, vecina:Constitución Española:
Art. 43.
1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud.
2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.
3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio.
Así que lo que hemos conseguido es un país donde no es el gobierno salido de las urnas (normalmente una mierda, pero al menos elegido por el ganado) el que decide la política sanitaria. Teniendo entre otras informaciones el dinero disponible y el estado de la teta pública, que le proporciona servicio de funcionarios públicos que estudian esas circunstancias. No, la payasada consiste en que eso lo deciden unos fulanos pactados entre Rajoy y Zapatero, cuya exclusiva información es una constitución de buen rollito y mejores deseos, con la experiencia de sus innegables intenciones angelicales.¿Conclusión?
Y tanto que abre posibilidades. Abre la puerta al kindergarten y a un estado fallido. Se admiten apuestas.