Del Blog de Mikel Buesa
En el diseño del peculiar sistema de descentralización español ha cabido una excepción constitucional –la referida a las viejas provincias forales del País Vasco y Navarra– que, en su concreción práctica, acabó dando lugar al
pufo vasco[1] y por ende navarro, cuyo más acabado diseño jurídico se plasmó desde la primera ley del cupo, promulgada en 1988, aunque hubo que esperar a 2002 para que acabara teniendo, esta vez en la ley del Concierto Económico, el reconocimiento de un pacto entre iguales. Culminaban así los acuerdos de 1996 entre el PP y el PNV, tras los cuales Arzalluz afirmó aquello de que "he conseguido más en 14 días con Aznar que en 13 años con Felipe González". Unos acuerdos que, vistos hoy con la perspectiva que da el tiempo pasado, no sirvieron para doblegar, ni siquiera para atemperar, la voluntad nacionalista de irse abriendo paso hacia la independencia, como tuvo ocasión de demostrar Juan José Ibarretxe en los años en los que gobernó con el apoyo de Batasuna. En realidad, esos acuerdos y sus efectos económicos –que no son otros que la persistencia de un privilegio financiero para las administraciones forales con respecto a las demás de España–, colocados en la cadena de los acontecimientos históricos, no son sino una muestra más –y no la de mayor enjundia ni ventaja– de la tenacidad, por no decir de la fiereza, de los vascos y los navarros para contribuir en lo menos posible a la carga fiscal del Estado, tal como mostró el jesuita y catedrático de Historia del Derecho en Valladolid, Gonzalo Martínez Díez, en un libro imprescindible:
Fueros sí, pero para todos[2].
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