Ruiz Soroa sobre los megasueldos
José María Ruiz Soroa (en El Correo)
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E l escalofriante importe de la pensión que va a percibir un ejecutivo bancario al abandonar su puesto ha provocado comentarios y críticas acerbas por parte de nuestros políticos: «sangrante», «insolidario», «contrario a la ética ciudadana», «escandaloso». Aunque, claro está, han añadido, «no podemos hacer nada» porque se trata de una empresa privada que es muy libre de retribuir a sus ejecutivos como quiera. De esta forma, la clase política ha tenido su momento gratis para exhibir su fibra ética frente al denostado mundo privado, de sacar músculo ciudadano en una ceremonia con un tufo levemente demagógico.
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Pero, ¿es realmente esto así? ¿De verdad no pueden nuestros políticos hacer nada al respecto? ¿No es más bien cierto que, en realidad, ellos no solamente toleran estas prácticas sino que las suplementan con dinero público gracias a las leyes que han aprobado y que se niegan a modificar? ¿No es más real que los altos ejecutivos, o los geniales futbolistas, o los no tan geniales, reciben indirectamente sus retribuciones escandalosas con el uso de dinero público?
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El aparente misterio, claro está, se centra en la fiscalidad especial y privilegiada a que están sometidas, bien las grandes fortunas, bien los rendimientos que obtienen los deportistas milagrosos. Una fiscalidad benévola que hace que el sueldo del 'crack' de turno tribute al 28% mientras que el sueldo del ciudadano corriente que supere los 100.000 euros de renta de trabajo tributa al 48%. Veinte por cien de regalo o, lo que es lo mismo, los demás ciudadanos pagamos una buena parte de lo que gana el 'crack', por mucho que no sea visible. ¿Y va a abonar el ejecutivo en cuestión la tarifa máxima del IRPF por esos millones anuales que va a recibir? ¿O también gozará de un tratamiento especial en forma de sicav u otro artilugio de economía fiscal al abrigo de la Inspección de Hacienda?
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¿Cómo puede un humilde equipo de fútbol, por ejemplo el de Bilbao, abonar los sueldos que abona? Pues, en gran parte, porque los poderes públicos de turno (léase Diputación o Gobierno, entiéndase populares, socialistas o nacionalistas) están dispuestos a aliviar a ese equipo del coste de tener un estadio, y le facilitan a fondo perdido unas decenas o centenas de millones de euros. Engáñense si quieren, estimados conciudadanos, pero el dato real es que es nuestro dinero el que paga sueldos astronómicos. Y los paga porque los políticos lo han decidido así, con nuestra aprobación más o menos entusiasta o resignada, o con nuestra ignorancia. Y encima, cuando pueden, sacan a pasear su indignación moral. Eso es lo que da más rabia.