España trivaricadora
Hay asuntos públicos que se convierten en lo que se podría llamar “temas viruela”, por señal que dejan. Y deberían ser de gran utilidad, precisamente por esa marca. Pero parecemos empeñados en no abandonar la Edad Oscura. Al punto que los mayores entusiastas de la educación pública en valores (EpC para unos, y religión para otros), son los más empeñados en hacer como si Descartes no hubiera dado el primer gran salto hacia la razón, más allá de la autoridad, y como si no existiera todavía ni siquiera un proyecto de Discours de la Methode. En realidad solo hemos cambiado autoridad (Dios, rey), por autoridad (ideología, grupo, demoscopia). Y al método (ley, norma) que le den, si choca con la autoridad.
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El caso del juez galáctico es uno de esos “temas viruela”, que marcan. Y desmontan irreparablemente la supuesta ilustración y modernidad de la mayor parte de nuestros más egregios progres. Porque cuando creen que se están agarrando a la luz, en realidad solo se están agarrando a la autoridad:
- El Gobierno sabe de la "valentía" demostrada por el magistrado de la Audiencia Nacional durante muchos años en la lucha contra la principal lacra del país, el terrorismo etarra.
- Esa trayectoria está siempre presente en la inmensa mayoría de los españoles y, desde luego, en el Gobierno de España y en quien lo preside.
- Si no hubiera tocado el franquismo no tendría los problemas que tiene.
- La extrema derecha ...
- Querido Emilio.
- La confidencialidad de las comunicaciones de los abogados con sus clientes resulta esencial para garantizar la efectividad real de ese derecho a no reconocer voluntariamente la culpabilidad. Desaparecida, afortunadamente, en nuestro derecho la facultad de obtener la confesión forzada del culpable a través de la tortura, la generalización de la intervención de las comunicaciones de los imputados con sus abogados permitiría renacer, en cierto modo, ese método inquisitorial, sustituyéndolo por el aprovechamiento de situaciones en las que la apariencia de confianza en la comunicación con el abogado permitiría obtener datos incriminadores directamente del acusado, en contra de su voluntad. (TSJM)