Una reseña de ETA S.A., de Buesa
José María
Desde TodoLiteratura.es:
ETA S.A. del catedrático de Economía Aplicada, Mikel Buesa, es un libro valiente que escarba en las miserias del terrorismo. Lo original que tiene es que hasta ahora nunca antes se había analizado el problema del terrorismo desde una perspectiva económica. Después de un fallido intento en la política en un partido de talante caudillista, Buesa se centra en la escritura para dar a conocer una realidad que en múltiples ocasiones se tapa y se calla. El libro ha sido publicado por la editorial Planeta.
¿Qué consecuencias económicas ha tenido para España la actuación de ETA desde hace más de 40 años? Mikel Buesa analiza amplia y profundamente cómo la banda terrorista se ha asentado en la sociedad vasca depredando su economía, administrando subvenciones públicas, creando una red de extorsión y un entramado de empresas y asociaciones de las que se nutre, generando enormes gastos a los contribuyentes por indemnizaciones de toda clase y costes de seguridad. Además, el analista se adentra también en los engranajes de una sociedad civil, que según él, vive atemorizada. Apática, cínica y opaca, la comunidad vasca ha sido testigo silencioso del debilitamiento del estado democrático y de sus instituciones.
El trabajo parte de la tesis de que el terrorismo es una forma singular de guerra que no respeta las leyes de la guerra. Si en las guerras entre Estados se busca la derrota del enemigo y se pretende una corta duración del conflicto, el terrorismo busca la prolongación del conflicto y el desistimiento político del enemigo. En esa estrategia de prolongación juegan su parte los períodos de repliegue y negociación.
A la forma singular de guerra que es el terrorismo le corresponde una forma singular de economía, la que el autor llama economía depredadora de guerra. Los elementos esenciales que definen la economía depredadora de guerra son:
- la obtención de recursos financieros y materiales para llevar a cabo la actividad terrorista (entre los que destacan los proporcionados por el propio Estado al que combaten, en forma de subvenciones a su brazo político);
- los daños que causa en personas y bienes, y los gastos que la sociedad se ve obligada a hacer para defenderse; y 3) los costes indirectos provocados en la economía, que, debido al terrorismo, se retrae y crece menos de lo que sería normal.
Los terroristas obtienen los recursos que necesitan a través del saqueo, la extorsión, el mercado negro, los tráficos ilícitos o la constitución de empresas propias que pueden operar en la legalidad. Por ejemplo, la extorsión ejercida sobre los empresarios vascos (algunos de los cuales han sido asesinados por no someterse a ese chantaje) le ha proporcionado a ETA 115 millones de euros entre 1978 y 2008.
Pero el capítulo más llamativo de esta fuente de ingresos de los terroristas es el de las subvenciones públicas. Los partidos políticos que forman parte del entramado de ETA se han beneficiado de los fondos públicos que la ley concede a los representantes de los ciudadanos. Estos fondos públicos han sido autonómicos y municipales, no del Estado central, ya que Felipe González y José María Aznar se negaron a pagar a Herri Batasuna las subvenciones por su representación en el Congreso de los Diputados. Aunque una sentencia obligaba al Estado a hacer efectivos esos pagos, la ilegalización de HB hizo que ese dinero quedara dentro del proceso de liquidación de bienes de dicha formación política. Esa experiencia demuestra, dice Buesa, que cuando existe voluntad política se puede dificultar la financiación de los partidos vinculados con el terrorismo.
Pero esa voluntad de los sucesivos gobiernos de la nación no ha sido la misma que la de los gobiernos autonómicos de signo nacionalista, que han pagado las subvenciones legales a los grupos afines a ETA y han apoyado económicamente a organismos, como Udalbiltza (Asamblea de Municipios y Electos Municipales Vascos), AEK (Coordinadora de Alfabetización y Euskaldunización), la prensa proetarra o las Gestoras Pro-Amnistía, jugando un importantísimo papel en la provisión de recursos financieros al entramado terrorista. Ese papel de los gobiernos nacionalistas vascos se ha mantenido después de que una sentencia estableciera la vinculación de esas formaciones (Herri Batasuna, Euskal Herritarrok) con ETA.
Las subvenciones públicas son tan importantes que llegaron a ser la fuente principal de ingresos de ETA hasta la ilegalización de su marca política, Batasuna, momento en el que los ingresos de ETA cayeron casi a la cuarta parte de lo que venían siendo antes de ese momento. Si se cerraran completamente las fuentes de subvenciones y se apretara el cerco a las actividades económicas que se desarrollan en las herriko tabernas, podría provocarse el colapso financiero de ETA, escribe Buesa.
Buesa hace números, y se nutre de fuentes como la Cátedra de Economía del Terrorismo de la Universidad Complutense, la Europol y el Euskobarómetro, para detallar todos los agentes sociales, políticos e institucionales que conforman la lacra del terrorismo. Por ejemplo, Buesa afirma que las subvenciones a presos de ETA y a asociaciones de familiares de los presos entre 2001 y 2008 movieron más de un millón y medio de euros, y que las indemnizaciones por terrorismo a personas cubiertas por seguros entre 1987 y 2006 ascienden a más de 25 millones de euros y hasta 100 millones si hablamos de las otorgadas por el Ministerio del Interior. Según Buesa, el País Vasco ha perdido entre 1993 y 2008 un 21% del Producto Interior Bruto a consecuencia del terrorismo.