Llamamiento de la Fundación por la Libertad

Fresita Magenta

“que todos tenemos derecho a ser escuchados y a escuchar a otros para aprender de ellos, que tienen su espacio para que así sea y que la comunicación es un juego maravilloso y enriquecedor”.(N. L. G.)

En este caso lo del “Lee y difunde” me parece más que acertado.

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LLAMAMIENTO:

A LA SOCIEDAD Y A LOS PARTIDOS

El Gobierno pudo ser llamado en otros tiempos un sacerdocio. No afectamos nosotros elevarle a tanta categoría. Lo que no podemos consentir es que no sea más que una gerencia. Lo que tenemos derecho a pedir es que sea una Magistratura.

NICOMEDES-PASTOR DIAZ, A la Corte y a los partidos

INTRODUCCION

La FUNDACION PARA LA LIBERTAD tiene como principal objetivo el fortalecimiento de valores cimentadores de nuestro sistema democrático: la libertad, la tolerancia, el pluralismo, la defensa de un País Vasco integrado en la nación española. Todos ellos pueden quedar sintetizados en la expresión “valores constitucionales”.

Desde su alumbramiento, la Fundación ha participado en el debate público vasco, en el nacional y en ámbitos internacionales orientando su actividad hacia la defensa de los valores antedichos. En consecuencia, ha sostenido disputas recurrentes con discursos antagónicos y, muy singularmente, con el que sustenta en el País Vasco la actividad terrorista de ETA y aquellas políticas del nacionalismo institucional que, criticando el terrorismo sin combatirlo, han coadyuvado a su permanencia y a la comprensión de su proyecto antidemocrático.

En nuestro Patronato se dan cita personas de muy distinta trayectoria ideológica. Hemos creído siempre que la defensa de la libertad y la democracia en el País Vasco y España reclamaba ese terreno común e imponía la subordinación de legítimas aspiraciones partidistas a la consolidación de un firme compromiso entre distintos en torno a los valores constitucionales que garantizan una convivencia en libertad.

Por eso nos sentimos legitimados para realizar este emplazamiento. Lo formulamos ante la proximidad de una convocatoria electoral de consecuencias trascendentales. Lo dirigimos a la sociedad en su conjunto y, más en particular, a los partidos políticos, a quienes la Constitución encomienda su representación como configuradores de la opinión pública. En última instancia, queremos dirigirnos al Gobierno que resulte de los comicios de noviembre. Con independencia de cuál sea su color político, no podrá desmentir la necesidad de nuestra petición prioritaria: la subordinación de todo cálculo partidista al interés general; tampoco podrá dejar de acompañarnos en nuestras principales aspiraciones: la continuidad nacional, la viabilidad del Estado y el fortalecimiento de las instituciones.

Creemos conveniente elaborar este llamamiento persuadidos de la necesidad de restañar los grandes consensos nacionales en materias que afectan al desenvolvimiento político de España como Estado nacional, identificando los aspectos en los que, más allá del legítimo debate partidario, inherente a una democracia pluralista, se sostiene la continuidad del proyecto común que es garantía de la libertad de todos.

Que la asunción de los contenidos que desgranamos más adelante requiera del Gobierno que pueda materializarlos la obtención de una mayoría muy amplia no nos merece recelo alguno. Puede gobernarse con mayorías dilatadísimas y hacerlo con sentido de Estado, respetando y fortaleciendo los consensos básicos. La ciudadanía tiene memoria de ello.

LA EXPERIENCIA DEL CONSENSO

Es implícito a la esencia de la democracia que todos los grupos, individuos e intereses, puedan crear un marco común de entendimiento y organización.

R. ARON, Introducción a la filosofía política

Nuestra experiencia de tres décadas de andadura democrática avala esta convicción: se hace urgente reparar los desperfectos que hayan podido dañar los grandes consensos nacionales entre las dos formaciones políticas llamadas a gobernar.

Los grandes acuerdos históricos sobre políticas esenciales han hecho posible nuestra democracia. La Transición fue un período fértil en consensos: en el impulso y apoyo al texto constitucional, en el discurso de la reconciliación nacional, en las líneas maestras de política económica y social, en política exterior, de defensa y seguridad.

Con posterioridad, los Pactos Autonómicos (1992), el Pacto de Toledo sobre el sistema de pensiones (1994) y el Pacto por las Libertades y contra el terrorismo (2000) han sido hitos que jalonan un itinerario de convivencia pacífica y de consolidación de nuestro sistema de libertades.

Esta provechosa dinámica se ha visto alterada en los últimos años: valgan como ejemplo la aprobación de una reforma estatutaria sin el apoyo de uno de los dos grandes partidos o la no renovación de los órganos constitucionales que exige el concurso de mayorías absolutas reforzadas.

Para facilitar los consensos es ineludible el abandono de la creencia en las posibilidades mágicas de la política, que incentiva posturas radicales, y el retorno a la consideración de ésta como “arte de lo posible”, que fomenta prácticas democráticas sustanciadas en el sometimiento a las reglas del juego.

El ejercicio de una acción responsable de gobierno implica procurar en las grandes cuestiones de Estado la complicidad de la formación política que mañana puede gobernar. La deliberada exclusión de formaciones que por su alta representatividad tienen naturaleza de “partidos gubernamentales” supone una grave frivolidad y compromete el rumbo del Estado. Por otro lado, dichas políticas de Estado sosiegan la práctica política a la vez que consolidan el sistema.

Las materias en las que el consenso es, no solo practicable, sino exigible, serían las siguientes:

POLÍTICA ANTITERRORISTA: HACIA LA DERROTA DE ETA.

FRANCISCO MUGICA GARMENDIA, ‘PAKITO’, carta reproducida en ‘El Correo’, 3 de noviembre de 2004

• SOBRE LA COYUNTURA ACTUAL

Ante la nueva situación creada tras el comunicado de la banda terrorista ETA, en el que declara el “ cese definitivo de su actividad armada “ creemos que el reto que se le plantea ahora a la democracia española reside en la gestión política de esta etapa hasta la definitiva desaparición de la organización terrorista y la derrota de su proyecto político totalitario. Por lo cual, queremos efectuar las siguientes consideraciones:

1. Partimos de la consideración compartida por todas las fuerzas democráticas de que la situación a la que ETA ha llegado se debe a la resistencia de los demócratas, a la presión policial ejercida sobre ella, y a la colaboración internacional, especialmente de la República francesa

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2. Sin embargo, es necesario apreciar que durante el fracasado proceso de negociación de 2006-2007, ETA-Batasuna descubrió una serie de factores favorables a su causa que han sido ejercitados con singular éxito en pos de la conversión de su derrota policial en una victoria política. Tales factores, actualmente puestos en ejercicio, fueron los siguientes: Vulnerabilidad de los interlocutores gubernamentales prisioneros de alcanzar un “ arreglo” con la banda, un discurso político prácticamente monopolizado por parte de ETA-Batasuna sin contestación suficiente desde las fuerzas democráticas, el dominio de su iniciativa y de su lógica y, finalmente, la benevolencia de los “ observadores internacionales “. A estos factores debiera añadirse el apoyo publicitario de sus actos y mensajes que han gozado de un exagerado seguimiento por parte de la mayoría de los medios de comunicación, no siempre responsables en su actitud.

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3. En estas condiciones no es de extrañar que determinados hitos del discurso terrorista se hayan afincado en el utilizado por parte de las autoridades políticas, asumiendo de forma precipitada conceptos formulados por el mundo de ETA como “ nuevo tiempo político” “ oportunidad histórica” “ diálogo y acuerdo que deben caracterizar el nuevo ciclo”, cuando todos ellos son falsos y potencialmente destructores de los fundamentos del actual marco democrático. Porque el auténtico nuevo ciclo político se inició en España con la Constitución y los Estatutos de Autonomía y el diálogo y el acuerdo ya están presentes en nuestro sistema desde la Transición. Asumir aquellos planteamientos es compartir el sentido de la declaración de ETA; casi tanto como fingir que hasta el momento de su último comunicado no hubiera existido en España auténtica democracia.

4. Reclamamos a las fuerzas políticas constitucionales el consenso necesario para liquidar ETA y limitar el proyecto político totalitario y secesionista que defienden sus adláteres. Debe exigirse el respeto al ordenamiento jurídico y el ejercicio de dirección del proceso de liquidación del terrorismo de forma tal que el sistema quede fortalecido y no, como puede entenderse en el momento actual, en entredicho ante la espiral de actuaciones propagandísticas de la banda y sus aliados. En este sentido, es imprescindible que Gobierno Central y Autonómico no concedan la iniciativa política al entorno proetarra que sólo pretende rentabilizar la situación haciendo materializable su proyecto político en un horizonte temporal próximo. Este es el fondo del asunto: la iniciativa que reclamamos no se circunscribe a lo que el discurso terrorista llama “aspectos técnicos”( política penitenciaria, reconocimiento del daño causado y “reconciliación”, etc...), sino, al prestigio del marco Constitucional y Estatutario. Se trata de que de este envite salga fortalecida la España Constitucional de 1978.

5. La liquidación de ETA no debe realizarse a partir de la impunidad de los criminales, ni sobre la negociación de concesiones políticas. Por el contrario, el respeto a la dignidad de las víctimas debe sustentarse, más que en sentimentales homenajes y discursos, en el respeto al marco de legalidad jurídico- política, en el que éstas han confiado para ser resarcidas en derecho y justicia.

Queremos, en esta materia, partir de una premisa básica: hasta su total y definitiva disolución, la amenaza que ETA representa, subsiste.

España acumula una amplia experiencia en lucha antiterrorista. Esto nos permite conocer las repercusiones negativas de algunas prácticas políticas. Sabemos qué consecuencias reportan las políticas de negociación:

• dividen a quienes deben combatir juntos el terrorismo.

• facilitan la manipulación del normal deseo de erradicar la violencia

• relativizan los marcos negociadores, que acaban siendo superados gracias a discursos ambigüos

• alientan en quienes practican la violencia las expectativas de una “nueva oportunidad” y

• siempre, debilitan al Estado.

Por el contrario, las políticas que contemplan un escenario final de derrota del terrorismo acumulan ventajas frente a las estrategias de la banda:

• dotan de la necesaria credibilidad disuasoria a la acción del Estado

• desincentivan la práctica del terror

• privilegian los mecanismos legales existentes sin necesidad de crear instrumentos “ad hoc” que desborden la legalidad

• evitan que el Estado asuma parte del argumentario terrorista: la que denuncia la imperfección de la democracia recurriendo al “diálogo” como paliativo de ese falso déficit

• sitúan como ejes de la acción del Estado las ideas de paz y libertad innegociables frente a los discursos que fundamentan en “conflictos seculares” la necesidad de una transacción política final.

El Pacto por las Libertades y contra el terrorismo compromete a sus firmantes a “evitar que el terrorismo extraiga ventaja o rédito político alguno” y recuerda que “el diálogo propio de una sociedad democrática debe producirse entre los representantes legítimos de los ciudadanos en el marco y con las reglas previstas en la Constitución y el Estatuto y sin la presión de la violencia”.

Se conoce el deseo de ETA de someter a la sociedad y al Estado a un último chantaje: posponen su desaparición condicionándola a la obtención de determinadas concesiones. El peligro de someterse a tal coacción reside en que, en la medida en que esas concesiones vayan produciéndose, desaparecen los incentivos que favorecen la disolución, porque los terroristas descubren la rentabilidad de mantenerse “en activo”; aunque su presencia no se concrete en atentados, aceptar esa lógica perversa supone un grave error que retrasa la extinción de la amenaza terrorista.

Es conocido el uso que en el País Vasco se ha hecho de la teoría sobre la “resolución de conflictos” y la posición pública de determinados “grupos de mediación” que se arrogan una facultad arbitral sólo reconocida por la banda, sus adláteres políticos y, preciso es reconocerlo, el nacionalismo en su conjunto. Les sirve a todos ellos para dotar de legitimidad un escenario negociador que contemple explícita o implícitamente el pago de un precio político como coste de la “resolución del conflicto”.

Tales “mediadores” han invocado siempre la existencia de una serie de pautas, de reglas universalmente aplicables a todo “proceso de paz”. Y han pasado por alto, deliberadamente, las realidades que hacen excepcional el terrorismo etarra. Como son:

• la constatación de que España es una democracia consolidada; no registra déficit democrático alguno que consienta sostener planteamientos de equiparación de la legitimidad política del Estado con la de una banda terrorista o con la de sus tentáculos políticos

• el hecho cierto de que en España la respuesta de la sociedad al desafío etarra no ha sido nunca violenta, de tal suerte que es disparatado argumentar en términos de “conflicto civil”. Las víctimas del terrorismo han observado históricamente un comportamiento ejemplar, renunciando a la venganza y confiando en la Justicia del Estado. De hecho, de la impostergable atención a sus justas demandas de memoria, dignidad y justicia deriva una importantísima fuente de vigor moral en la sociedad española

• la experiencia de que la facilitación de procesos que abocan a la total o parcial impunidad de notorios violadores de Derechos Humanos no ha pacificado de forma auténtica ningún conflicto en ninguna parte del mundo.

A la luz de lo anterior, postulamos el más amplio y eficaz consenso entre formaciones políticas, deseable para todas e imprescindible entre las llamadas a gobernar, en materia de política antiterrorista en torno a las siguientes consideraciones:

• la única violación sistemática de Derechos Humanos en España es la que protagoniza ETA a través de su acción criminal

• las instituciones democráticas en España son una realidad consolidada: cualquier iniciativa que dude de su legitimidad debe ser rechazada

• el objeto de la política antiterrorista, en lo que se refiere a ETA, debe procurar la derrota operativa y política de ésta, eludiendo por tanto cualquier planteamiento de negociación política

• al servicio de este objetivo debe implementarse una política de naturaleza integral que incluya la presión judicial y policial, la social, la política e, incluso, la ideológica y deberá incidir, con especial énfasis, en la construcción de un discurso deslegitimador de la violencia.

• la democracia española debe saber dotarse de una narrativa que de cuenta del auténtico significado de cincuenta años de terrorismo etarra

• la derrota política de ETA y sus pretensiones debe suponer la victoria de la democracia española. En caso contrario será la de ETA

• los objetivos apuntados no son quiméricos; lo quimérico es suponer a ETA imbatible. La experiencia nos confirma que el Estado puede obtener el desistimiento de quienes practican la violencia sin necesidad de embarcarse en negociaciones de contenido político. No sería la primera vez. Las biografías de algunos patronos de esta Fundación avalan que nuestras afirmaciones no son gratuitas.

POLÍTICA TERRITORIAL: LOS RETOS DE LA SOCIEDAD ABIERTA Y LA ATRACCION FATAL DE LA TRIBU

Programa electoral PSOE, elecciones generales 2004

Algún día alguien tendrá que fijar las reglas de juego del Estado Autonómico (…) llegará el momento de plantearse hacia dónde se va

MARIANO RAJOY, Conferencia pronunciada en Barcelona el 25 de noviembre de 1997

Es un hecho obvio que la construcción del modelo territorial en España ha registrado en los últimos tiempos una conflictividad superior a lo deseable: hemos asistido a una confrontación política exacerbada, a la puesta en riesgo de la unidad del mercado interior, a un incremento de la litigación institucional y a una pérdida general de cohesión. Todo ello ha dilapidado un considerable capital de energía y no nos ha aproximado a ningún horizonte común.

Si es verdad que “las sociedades cerradas no duran, pero ejercen una atracción fatal sobre quienes no pueden tolerar la libertad” (Dahrendorf), habrá que atribuir a esa insidiosa seducción el hecho de que hasta el mejor ajuste, el diseñado por la Constitución del 78, se haya visto secuenciado por sucesivos desajustes posteriores, propiciados por las demandas irresponsables de los nacionalismos periféricos.

En aspectos concretos, como la política lingüística, determinados proyectos de ingeniería social que anteponen como tarea de los poderes públicos la “construcción nacional” a la garantía de las libertades individuales, han propiciado una artificiosa fragmentación que no se corresponde con entornos de naturaleza plural, bilingüe. Es la consecuencia de atribuir derechos a las lenguas por encima de las personas que las hablan, por considerarlas el “alma” de la nación que hay que “construir” desde el poder.

Hay que subrayar el carácter de modelo de consenso y concordia que tuvo la Constitución del 78. Pudiéramos considerarla híper-legitimada a través de un proceso que supone un pronunciamiento masivo de la soberanía popular y que registra sucesivas manifestaciones, casi consecutivas:

1.- Referéndum sobre la Ley para la Reforma Política (1976)

2.- Elecciones constituyentes (1977)

3.- Referéndum constitucional (1978)

En aquella ocasión, pudieron integrarse tanto la pluralidad constitutiva de la nación como las divergencias históricas subsistentes en una suma final de cesiones y afirmaciones que conocemos como Transición.

Quienes hoy postulan la necesidad de una “segunda transición” han sido, desde aquella fecha, contumaces en su falta de lealtad institucional. Si 1898 puede señalar el momento de irrupción de los nacionalismos en España, con el propósito declarado por algunos de “regenerar” el Estado desde la periferia, un siglo después, en 1998, asistimos tanto a la alianza en Estella del PNV con ETA y su brazo político como a la firma en Barcelona del pacto entre PNV-CiU-BNG. El soberanismo, en estas formaciones, ha ganado la partida al autonomismo asumible por la Constitución. Todo ello en el marco de un Estado renovado y legitimado desde 1978.

Lo anterior nos conduce a las siguientes reflexiones:

• La necesaria estabilidad constitucional hace imprescindible que cualquier reforma de carácter institucional sea pactada por los dos grandes partidos: PP-PSOE

• Los acuerdos con las formaciones nacionalistas no pueden dar lugar a fases de constitucionalismo experimental que más parecen profundas mutaciones constitucionales. En este sentido, y con referencia a las próximas elecciones, cualquier tentación que tuviera un partido nacional de alcanzar acuerdos con formaciones nacionalistas minoritarias para impedir formar gobierno al partido que eventualmente obtuviera una mayoría relativa, deberá ser rechazada con la mayor energía. Los efectos desestabilizadores sobre el sistema constitucional serían de tal gravedad que nos sentimos obligados a alertar sobre esa posibilidad y apelamos a la responsabilidad y sentido de estado de las dos principales formaciones políticas.

• Un consenso muy fuerte, edificado sobre una mayoría electoral amplia podría poner al Gobierno que lo liderase en la tesitura de afrontar los siguientes objetivos:

1.- lograr la culminación estable que circunscribiera con exactitud el modelo territorial

2.- fortalecer las competencias del Estado fijando un núcleo básico intransferible

3.- garantizar el derecho a utilizar, aprender y ser instruido en lengua española en todo el territorio nacional

4.- reforzar la independencia del Tribunal Constitucional y de los órganos de gobierno del poder judicial

En suma, no parece conveniente que el modelo territorial permanezca perpetuamente abierto si se desea evitar una espiral de conflictos distributivos recurrentes por niveles de autogobierno y recursos económicos entre Comunidades Autónomas.

POLÍTICA EXTERIOR: LA POSICIÓN DE ESPAÑA EN EL MUNDO

Yo no creo en los buenones profesionales haciendo política internacional. La política exterior tiene que ser también de seguridad. El que no inspira respeto no hace política exterior

FELIPE GONZÁLEZ, Declaraciones recogidas en ABC, 12 de enero de 2007

Desde una concepción de la política exterior que combine principios e intereses en función de circunstancias variables, entendemos como principio irrenunciable de una política exterior sensata y pragmática la contribución española a un orden internacional estable que aporte certidumbre y que, en la medida de lo posible, no merme la capacidad de influencia del Estado ni de sus nacionales o su libertad de acción.

Como intereses permanentes de España cuentan los derivados de su posición geoestratégica y los que se deducen de su historia, cultura y economía. Por eso deben tenerse en cuenta como prioritarias las relaciones con Europa, Iberoamérica, la cuenca mediterránea y el Norte de África.

Realidades condicionantes de esa política necesariamente habrán de ser: la consideración del papel que debe jugar España en el escenario internacional como país democrático y desarrollado con vocación de protagonismo; la asunción de que la “caída del muro” puso fin a la configuración bipolar del poder político y militar en la Comunidad Internacional; el hecho ineludible de la globalización económica; el necesario replanteamiento del diseño institucional de la UE y la realidad de la irrupción en el escenario mundial de actores emergentes.

Todo ello hará necesario redefinir la presencia española en el orden internacional. Utensilios imprescindibles de esa redefinición, que no consienten descuido, serán:

• una diplomacia garante de la continuidad de la acción exterior dotada con los medios materiales y humanos suficientes, siendo España un país con intereses globales en un mundo globalizado en el que predominan las dimensiones económicas y de seguridad que se debaten en foros multilaterales

• unas Fuerzas Armadas modernas con capacidad de intervención en misiones de paz, acciones de interposición y de lucha antiterrorista en el seno de las alianzas estratégicas de las que España es un socio leal

• un marco conceptual duradero que suscite el mayor consenso posible en el que, con revisiones periódicas, se defina el interés nacional y sus objetivos estratégicos. En aras de ese consenso proponemos un concepto de interés nacional similar al formulado por G. Nye: “los intereses globales pueden ser incorporados en un concepto amplio y de largo alcance del interés nacional”.

Con referencia a la definición del interés nacional habría que partir de un “mínimum” que propiciara el consenso que postulamos. Ese mínimo vendría acotado por los objetivos de política exterior que entendemos de puro sentido común:

• la consolidación de nuestra renovada situación en el mundo como país democrático y desarrollado

• la proyección solvente de nuestra influencia

• el planteamiento eficaz de nuestras iniciativas

• la continuidad de nuestra acción en el exterior

El consenso entre formaciones mayoritarias se hace imprescindible precisamente en aras del cumplimiento de este último objetivo: una continuidad y una certidumbre en la acción exterior de España puestas a salvo de frívolos vaivenes que puedan mermar nuestro prestigio, credibilidad e influencia.

Toda la amplitud con que cabe dotar al concepto de “interés nacional” no suprime un hecho notorio: la posibilidad misma de su definición implica la prevalencia de la lealtad institucional sobre los efectos deletéreos de los nacionalismos periféricos, que difícilmente aceptarán una visión de conjunto en esta materia.

No podrá producirse ningún debate sobre intereses nacionales que deben preservarse si se desmantela el Estado configurado por el sistema constitucional de 1978 y si en política interior los intereses de los nacionalismos se imponen sobre los del Estado por conveniencias de aritmética parlamentaria.

Tampoco, si se confunde el interés nacional con el puramente ideológico de partidos convertidos en facción en permanente búsqueda del monopolio indefinido del poder.

POLITICA EDUCATIVA: EN BUSCA DE LA CALIDAD

No se trata de una broma: la ignorancia en nuestros días es objeto, o lo era hasta hace bien poco, de un culto cuyas justificaciones teóricas, pedagógicas, políticas y sociológicas se extienden explícitamente en muchos textos y directrices. Según tales directrices, la escuela debe dejar de transmitir conocimientos para convertirse en una especie de falansterio “de convivencia”, de “lugar de vida” donde se despliega la “apertura al prójimo y al mundo”. Se trata de abolir el criterio considerado reaccionario de la competencia. El alumno no debe aprender nada y el profesor puede ignorar lo que enseña.

J.F. REVEL, El conocimiento inútil

En esta materia, capital a nuestro juicio, el consenso político no puede hacerse esperar. En la sociedad ya existe suficiente acuerdo; la preocupación es unánime en la comunidad educativa: padres, alumnos y profesores coinciden en la denuncia de las deficiencias del sistema al tiempo que los indicadores tanto externos (informes PISA) como internos (evaluaciones de diagnóstico del MEC) apuntan en la misma dirección deficitaria.

Consideramos estéril embarcar a la sociedad en un debate sobre la responsabilidad de esta situación. Lo acuciante es asumir la necesidad de una profunda reorientación con la brújula puesta en el norte de la calidad.

La importancia que España está obligada a conceder a su capital humano en un escenario de competencia global debe ser una prioridad compartida. Avanzamos hacia una “sociedad del conocimiento”: rezagarse en la marcha puede tener consecuencias desastrosas en un futuro muy próximo.

En esta materia, conscientes de la histórica incapacidad para el consenso que hemos padecido, nos atrevemos a sugerir indicaciones de carácter general que propicien puntos de encuentro entre visiones que legítimamente aspiran a concretarse en desarrollos divergentes.

Es necesario partir de premisas que privilegien la necesidad de elevar la calidad. Así, destacamos:

• el protagonismo que debe darse a los padres y familias como titulares del derecho a la orientación de la educación de sus hijos

• la necesidad de contemplar el proceso de aprendizaje como medio de promoción social a través de la recompensa del talento, el esfuerzo y el mérito

• la imprescindible relevancia que cabe atribuir al profesorado como transmisor del conocimiento y su correlativo prestigio y protagonismo en el proceso educativo: el informe McKinsey de 2007 incide en el hecho de ser los profesores el factor principal en la consecución de buenos resultados.

Contemplamos como propuestas razonables en este ámbito las que busquen:

• minimizar la manipulación sectaria, replanteándose la oferta por encima de los prejuicios impuestos

• potenciar la instrucción (entendida como transmisión del conocimiento)

• reducir la burocratización

• rediseñar los baremos de los procesos en que interviene el profesorado potenciando los aspectos más académicos de su desempeño profesional

• recuperar la realización de exámenes externos universales con resultado público

• ampliar la libertad de elección de los padres respecto a los centros donde quieren que estudien sus hijos

• garantizar el respeto del derecho de los padres a optar por que la educación de sus hijos sea en la lengua vehicular de su elección, en el caso de aquellas Comunidades Autónomas en las que otra lengua sea cooficial con la lengua común del conjunto de la ciudadanía española.

POLITICA ECONÓMICA: SENTAR LOS CIMIENTOS DE UNA RECUPERACIÓN ESTABLE

Es imposible, en todo cuanto concierne a la vida práctica, equivocarse de un modo coherente

H. HAZLITT, Economía en una lección

Conscientes de que esta materia focalizará la disputa partidaria en la campaña que se avecina, nos conformamos con avanzar una serie de posiciones que, fija la atención en el interés nacional, y puedan ser asumidas por los dos partidos mayoritarios.

De hecho, la economía debería ser un terreno propicio para avanzar en el consenso porque exige utilizar un lenguaje concreto, susceptible de verificación y, dado el contexto mundial en que nos desenvolvemos, de economía de mercado en sistemas mixtos, no caben antagonismos radicales.

La difícil situación por la que atraviesa España debería comprometer a todos en el esfuerzo por facilitar una salida de la crisis que condujera a un crecimiento fuerte y estable cimentado en la iniciativa de la sociedad y capaz de fortalecer nuestra cohesión social y territorial.

Los objetivos no pueden ser otros que:

• la recuperación de un sano crecimiento que permita empezar a generar empleo

• la convergencia en renta real con Europa, incrementando de forma sostenible la productividad

• la igualdad de oportunidades en el acceso a la información y al empleo y la igualdad de trato en el uso de los servicios públicos básicos

• la mejora de las políticas públicas de innovación y estímulo a la investigación científica y tecnológica

Son fáciles de detectar los riesgos y amenazas que penden sobre la economía española:

• una coyuntura internacional desfavorable

• un elevado déficit que obliga a la austeridad en la gestión del gasto público

• un altísimo nivel de endeudamiento tanto público como privado

• grietas en la cohesión territorial que ponen en riesgo la unidad del mercado interior y que hacen imprescindible reforzar los mecanismos institucionales que integran y coordinan el esfuerzo de todos en beneficio del conjunto

• una pérdida de influencia política de España en los foros internacionales donde se dirimen y coordinan las políticas para afrontar una crisis de dimensiones globales

Si recientemente la sociedad española ha podido ser testigo de cómo ante circunstancias tan graves las dos fuerzas mayoritarias son capaces de consensuar medidas de tanto alcance como una reforma constitucional, tenemos la esperanza de que el consenso en las grandes orientaciones de la política económica pueda también producirse.

Sin duda, los capítulos que hemos abordado no agotan las realidades nacionales en las que el consenso más amplio posible y, especialmente, entre los dos grandes partidos, adquiere visos de urgente necesidad. Desde luego en todo lo relativo al reforzamiento de las instituciones que hacen de España un Estado de Derecho: independencia del poder judicial, respeto al imperio de la ley, protagonismo del parlamento y buenas prácticas en la vida parlamentaria, etc.

No hemos desesperado, ni mucho menos, de nuestro país. Somos conscientes de que todo lo dicho hasta aquí podría muy bien ser suscrito por una amplia mayoría de la sociedad española.

Es nuestro deseo que los comicios de noviembre alumbren una etapa en la que Gobierno y oposición sean conscientes del reto al que se enfrenta el país para afrontarlo con sentido de Estado.

Debe caducar el estilo de hacer política trasladando el debate ordinario y la atención de la opinión pública a terrenos cuasi-existenciales por supuesta conveniencia partidaria. Es hora de recordar todo lo que nos une por encima de nuestras discrepancias, que es precisamente lo que las sustenta y encauza en un terreno común en el que el debate es posible.