Hepatitis C y Sofosbuvir: indiferencia del gobierno y de los medios o incompetencia de las instancias pertinentes
Teresa París Pombo
El lunes 25 de agosto en el hospital 12 de octubre murió Paco a consecuencia de una hepatitis C. Paco se podría haber salvado. En marzo solicitaron para él el tratamiento mediante uso compasivo con sofosbuvir y daclastavir. Ese tratamiento le hubiese ayudado a aguantar hasta el trasplante. Nunca se lo concedieron. LO DEJARON MORIR. No hay otra forma de decirlo. Paco era un buen hombre, marido, padre y abuelo que pasó una agonía terrible junto a los suyos. Esa agonía se hubiera podido evitar. Con el sofosbuvir (De nombre comercial Sodalvi®) Paco estaría vivo. Se solicitó para él en marzo de 2014 y le hubiera permitido aguantar hasta que llegara un hígado. Pero claro el tratamiento cuesta 60.000 euros y entonces si se lo dan a los 900.000 enfermos para curarlos ¿de dónde robarán un dinero de impuestos que llevamos años pagando. El lunes murió Paco y LO MATARON una serie de políticos y burócratas. Paco no es ni el primero ni será el último en morir porque no le administraron a tiempo el tratamiento.Y es que, según la Asociación Española para el Estudio de Hígado (AEEH), en España esta patología “afecta a más de 900,000 personas y supone la principal causa de cirrosis y cáncer en el país. Además, más del 50% de los pacientes que han necesitado un trasplante hepático, padecen hepatitis C y han evolucionado a una enfermedad hepática terminal, lo que la convierte en uno de los principales problemas a los que tiene que enfrentarse el sistema sanitario español”. Si bien existen varios nuevos antivirales de acción directa de segunda generación que presentan unas tasas de curación superiores a 90%, al tiempo que permiten reducir el tiempo de tratamiento y los efectos adversos, entre todos ellos el único que sirve para un considerable porcentaje de enfermos con hepatitis C es el sofosbuvir ya que los otros dos, que ya han sido aprobados el boceprevir (Victrelis®) y el último el simeprevir (Olysio®), no se pueden prescribir de forma aislada y se tienen que combinar con rivavirina o interferón, este último con fuertes efectos secundarios por lo que no podrán acceder al tratamiento de los enfermos con cirrosis o con leucocitos bajos. Para estos enfermos, su última esperanza reside en el sofosbuvir, que fue aprobado por la Agencia del Medicamento Europeo en diciembre de 2014.
Hasta ahora se han cursado más de 3000 solicitudes para tratamientos mediante uso compasivo, de las cuales sólo se han concedido 300 en determinadas comunidades que sí lo han aprobado ya que la decisión de administrar un medicamento por vía compasiva incumbe a la comunidad y no a la sanidad pública nacional (adjunto enlaces informativos: http://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/2014/docs/NI-MUH_1-2014-hepatitis-c-cronica.pdf, http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/20/pdfs/BOE-A-2009-12002.pdf)y para estos pacientes (los que van quedando) el tratamiento es VITAL.
En change.org, José Manuel Culebras Cruz ha conseguido ya más de 178.000 firmas solicitando que se libere el medicamento (para firmar la petición: http://www.change.org/p/ministerio-de-sanidad-aprueben-el-nuevo-medicamento-para-tratar-la-hepatitis-c-que-ya-se-usa-en-la-ue) . Pero aun así solo unos pocos medios provinciales se hacen eco de nuestra lucha. En los más importantes nos dicen que no somos noticia, que cuando alcancemos las 200.000 firmas o cualquier otro hito volverán a publicar algo sobre nosotros.
Para colmo, a mediados de julio el Ministerio de Sanidad anunció a bombo y platillo la liberación del Olysio®, dando a entender que se trataba del medicamento que todos estos enfermos y sus allegados reclamaban, levantando falsas esperanza y expectativas. Un engaño más.
Para más INRI, cabe señalar que el principal escollo para que el gobierno apruebe el medicamento es su elevado precio, cuando, según un estudio de Hill A, Khoo S, Fortunak J, Simmons B y Ford N, los expertos calculan que el coste de producción de Sovaldi® oscila entre 50 y 99 euros para un ciclo de 12 semanas de tratamiento, lo que supone unos 2 euros por comprimido, en lugar de los 642 que ha fijado Gilead, la farmacéutica que la produce y que, de hecho, ha llegado a un acuerdo con el gobierno egipcio para administrar el tratamiento por 900 euros.
Y hablando de consideraciones económicas, ya que las humanitarias parecen no merecer atención por parte de las instancias decisorias pertinentes, el tratamiento cuesta 60.000 euros, pero un trasplante cuesta 150.000 y convendría calcular el costo que representa cada paciente para la seguridad social ya que se le tendrá que ingresar repetidas veces a causa de descompensaciones cirróticas, complicaciones hepáticos (como encefalopatías) seguimiento del trasplante, y, probablemente, un nuevo trasplante cuando la enfermedad vuelva a infectar el nuevo órgano al poco tiempo. El cálculo es fácil, no compensa. ¿Por qué se empeñan entonces el Ministerio y las concejalías de sanidad en no conceder el tratamiento?¿Por qué no se unió el gobierno español a la plataforma de compra de países europeos promovida por Francia?
Entre la población afectada (enfermos, familiares, allegados y amigos) crece la desesperación al ver acercarse un final que se podría evitar con un medicamento que existe y que no se les concede por cuestiones económicas. Como podrán imaginar a todos ellos les rechinan los dientes cuando leen lo que cuesta el catering del avión oficial del presidente o del rey, los subsidios que se conceden a sindicatos partidos y políticos corruptos, lo que otros han robado y no devuelven, lo que gana un diputado, las prebendas de los antiguos presidentes autonómicos, y tantos y tantos hechos inmorales e insultantes que ponen de manifiesto la inequidad y la injusticia en un país que se pretende democrático.
La señora Ana Mato dice estar negociando con Gilead, pero lleva meses en esa tesitura y parece que no solo no trabajó este mes de agosto, sino que además no se llevó a cabo la reunión con Gilead programada para el 2 de septiembre o al menos no se llegó a ningún acuerdo. Cuando estaba de vacaciones, Paco y muchos otros (12 pacientes al día, según las últimas estadísticas) murieron. Quizás no se les pueda denunciar por vía jurídica, pero en la mente de muchos de nosotros ella y los concejales de sanidad autonómicos, son responsables de esas defunciones.
El lunes 25 de agosto de agosto murió Paco ¿Cuántos más deberán morir?
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Nota (pm). Enlace para firmar la petición (clic en el cartel):