¿Cómo podría no ser un delito, ya?

Pongo aquí un enlace que me hace pensar que Marianin no es tan imprevisor como parece .... http://www.elmundo.es/opinion/2017/09/01/59a848fce2704e23028b458a.html Y lo digo por una ley que me había pasado desapercibida hasta ahora... la 36/2015

Más sobre "tumultuario, de los requisitos de Vivas Marzal para la sedición: - En cuanto al sujeto activo, el número de personas que ha de participar ha de ser necesariamente plural, pues de otra suerte se confundiría frecuentemente la infracción estudiada con el atentado, la resistencia o la desobediencia; por ello, la sentencia, de este Tribunal, de 2 de julio de 1934 , exige que, el número de partícipes no sea inferior a treinta, y la doctrina más caracterizada, partiendo de que "tumulto" es desorden y confusión producido por un conjunto de personas, sostiene que habrán de ser varias y en número suficiente para la consecución del fin propuesto, pudiéndose agregar que los términos legales "alzaren" y "tumultuariamente", evocan y sugieren la participación indispensable de un número considerable de personas, aunque no es preciso que constituyan multitud o muchedumbre; Fuente: http://archivodeinalbis.blogspot.com.es/2017/01/los-ocho-requisitos-del-delito-de.html Yo veo dos detalles. El delito que le veo a esta gente no es el de sedición (CP 544) sino el de proposición de sedición (CP 548). La proposición no puede exigir "tumulto" a la hora de proponer, sino tumulto como consecuencia de la proposición (si la proposición tiene éxito). Y ahí si veo tumulto, tanto en el número de participantes, como en el sentido de "desorden". ¿Qué mayor desorden cabe que una revolución contra el Estado?

¡ A ver lo que dice Marod !

Cuando pusieron fuera de la ley a los batasunis algunos de mis amigos decían: es lo peor que pueden hacer, ahora Euskadi arderá como Sodoma y Zamora, atroz, atroz, represores, antidemócratas, qué franquistas (de los 900 asesinados estos santos varones se olvidaban cómodamente). Bueno: los enjaularon y mano de santo. Cerraron hasta aquella cagarruta con forma de periódico llamada Egin. Luego, Egunkaria. ETA se hundió cuando sus estructuras políticas fueron liquidadas. Y todos o casi todos pasaron por la trena: Arnaldo, Joseba, Pernando etc etc. El último en salir hace unos días fue el sindicalero Rafa Díez Usabiaga. ¿Pasó algo? No. Pero sí se terminó abruptamente la chulada que salía gratis. Con estos mierdas catalanistas, igual. En el momento en que vean la seria posibilidad de multa, cárcel y problemas se terminará el asunto. ¿Victimismo? Siempre lo hacen. Y convence a los convencidos o a los tontos y a nadie más. Hay que perder ciertos miedos. En otro país con una democracia más madura y unos políticos más presentables no habría dudas: zaca.

Yo siempre he pensado que esto no puede ser casual: Daba por hecho que esto se montó para intentar tapar las vergüenzas de los Puyol y compañía, en Cataluña y, a la vez, la de los Gürteles y Urdangarines en Madrid (por cierto, ¿cuándo sale la sentencia definitiva del Urdangarín...?, Manda güevos...) Pero, claro, la prolongación en el tiempo supone que, yo, al menos, llevo 4 años oyendo todas las mañanas la narración de un anuncio de un supuesto pasito más, hasta que me he pasado a Radio5 y a la música clásica, porque el dolor de cabeza era inaguantable. Por otra parte, el "problema de Cataluña" no aparece entre los primeros de los españoles para el CIS: http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Indicadores/documentos_html/TresProblemas.html. Apenas un 1,3% entre mayo y junio de 2017. Y, sin embargo, nos lo tenemos que desayunar, comer y cenar todos, todos los días. Algo no me cuadra. Por otra parte, sin saber nada de legislación, entiendo que jurídicamente no tiene ningún fundamento, y sobre todo, ninguna posibilidad. Entonces, ¿Por qué se sigue alargando esta supuesta tontería?¿Beneficia al PP? ¿A quién más beneficia? Tengo algún conocido currante en el CN de Policía, y ya hace muchos meses que pasaban tiempo situados, desplazados desde otras regiones, a menos de 2 horas en furgón de Barcelona, sin estar en Cataluña. Por otra parte está lo del control que parece ser que desde Hacienda se les hace del gasto. En definitiva, no entiendo esta novela. No entiendo a los medios de comunicación, con la cantidad de cosas interesantes que hay todos los días, para seguir con este culebrón.

Por si puede orientar, copio uno de los variados autos de archivo producidos con motivo de la adhesión de ayuntamientos al proceso independentista. No olvidemos que aún no se ha declarado judicialmente la ilegalidad de esta proposición .DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000130 /2015 -V- AUTO En Madrid, a 21 de diciembre de 2015. ANTECEDENTES DE HECHO ÚNICO.- En este Juzgado Central ha tenido entrada procedente del Ilt Decanato, por haber comprometido por turno de reparto, denuncia formulada por el Ministerio Fiscal contra el Ayuntamiento de Bremià de Dalt por los motivos y delitos expuestos en la denuncia que encabeza el presente y que se dan por reproducidos. RAZONAMIENTOS JURÍDICOS PRIMERO.- Considera el Ministerio Fiscal que la actuación llevada a cabo por el Ayuntamiento de Premià de Dalt (Barcelona) en el Pleno que tuvo lugar el pasado 23 de Noviembre, en el que se aprobó una moción de apoyo a la Resolución 1/XI de 09.11.2015 de la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma de Cataluña (LA LEY 17089/2015)con la que se pretende iniciar, al margen de la legalidad vigente, el proceso dirigido a conseguir la independencia del citado territorio, podría constituir delitos de rebelión o de sedición de los arts. 472.5 (LA LEY 3996/1995)y 544 del Código Penal (LA LEY 3996/1995) o actos preparatorios de los mismos, conforme a los arts. 477 (LA LEY 3996/1995)y 548 CP (LA LEY 3996/1995) , o delitos conexos de prevaricación, desobediencia, uso indebido de fondos públicos o usurpación de atribuciones ( arts. 404 (LA LEY 3996/1995), 410 (LA LEY 3996/1995), 432 (LA LEY 3996/1995)y 506 del Código Penal (LA LEY 3996/1995) ). Y ello sobre la base de que dicha Resolución 1/XI es manifiestamente ilícita porque va encaminada a impedir, al margen de las vías legales, la aplicación de la Constitución y de las leyes vigentes en una parte del territorio nacional y a declarar de forma ilegítima la independencia del mismo. Señala también que la ilegalidad de la resolución parlamentaria, en el fondo y en las vías empleadas, ha quedado certificada al haber acordado el Tribunal Constitucional por sentencia de 2-12-2015 (LA LEY 174078/2015) la inconstitucionalidad y nulidad de la citada Resolución, que previamente, por resolución del mismo órgano de 11 de Noviembre, había sido suspendida y dejada sin efecto, requiriendo a los miembros de la Mesa de la Asamblea Legislativa y a los miembros del Gobierno de la Generalitat para que impidiesen o paralizasen cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada. Y considera que la adopción de nuevos acuerdos parlamentarios de la misma naturaleza, haciendo caso omiso de la decisión del Tribunal Constitucional, o la realización de actos de ejecución de ese mandato ya definitivamente ilegal o de apoyo al mismo por cualquier Autoridad, Corporación o funcionario público (sea local, provincial o autonómico), o por particulares, podría constituir según las circunstancias concurrentes los ilícitos penales antes referidos. SEGUNDO.- Conforme a lo dispuesto en el art. 472.5º del Código Penal (LA LEY 3996/1995) , son reos del delito de rebelión "los que se alzaren violenta y públicamente con el fin de declarar la independencia de una parte del territorio nacional", castigando el art. 477 del mismo Código la provocación, la conspiración y la proposición para cometer rebelión. Y según dispone el art. 544 del Código Penal (LA LEY 3996/1995) , "son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales". Al igual que en el caso anterior, el art. 548 castiga las formas imperfectas de ejecución en la comisión de este delito. El primero de ellos se trata de un delito necesariamente plurisubjetivo de convergencia pues para la conducta, el alzamiento público y violento, resulte idónea se requiere una pluralidad de personas mínimamente organizadas para conseguir el objetivo común. Estos objetivos enumerados en el at. 472 del Código abarcan tanto el punto de vista formal de un atentado directo a la Constitución como las alteraciones graves del normal funcionamiento de las instituciones. Por su parte, el delito de sedición exige una conducta colectiva caracterizada como alzamiento tumultuario, que el Tribunal Supremo en su sentencia de 10 de octubre de 1980 define como "abierto, exteriorizado, anárquico, inorgánico y desordenado o en tropel, aunque nada impediría según opinión unánime, que de ser organizado y ordenado". No parece que la conducta de los denunciados puede ser incardinada en los tipos referidos por cuanto que los hechos descritos en la denuncia, según los propios términos que en la misma se refieren y que se atribuyen al Ayuntamiento de Premià de Dalt, no pueden ser calificados de violentos (el DRAE identifica violento con quien "obra con ímpetu y fuerza" o con quien "se deja llevar fácilmente por la ira"), como precisa el delito de rebelión, ni tumultuarios, (el DRAE identifica tumulto con "Motín, confusión, alboroto producido por una multitud" o con "Confusión agitada o desorden ruidoso") como exige el delito de sedición. Tampoco estamos ante un acto de alzamiento, entendido como sublevación, como elemento integrante de ambos tipos penales, pues, como ahora se verá, el acto llevado a cabo por el Pleno Municipal ha consistido únicamente en una muestra de apoyo al Parlamento catalán sin consecuencia práctica alguna. Pero es más, si atendemos al propio razonamiento que se expone en la denuncia formulada por el Ministerio Fiscal, debemos llegar a idéntica conclusión de atipicidad de las conductas. Así, se razona en la misma que el Ayuntamiento ha hecho caso omiso de la decisión del Tribunal Constitucional contenida en su sentencia de 2-12-2015 (LA LEY 174078/2015) , a la que se ha aludido en el primer razonamiento. Sin embargo, el Pleno del Ayuntamiento de Premià de Dalt en el que se aprobó una moción de apoyo de la Resolución 1/XI del Parlamento Catalán tuvo lugar el pasado 23 de Noviembre y, por tanto, antes de que se dictara la sentencia por la que el Tribunal Constitucional declaró su inconstitucionalidad y nulidad, razón por la que el Pleno no pudo tenerla en cuenta. Es cierto que el citado Pleno se celebró tras la resolución dictada por el Tribunal Constitucional con fecha 11 de noviembre de 2015 por la que se acordaba, entre otros extremos, "Tener por invocado por el Gobierno de la Nación el artículo 161.2 de la Constitución (LA LEY 2500/1978) , lo que, a su tenor y conforme dispone el artículo 77 LOTC (LA LEY 2383/1979) , produce la suspensión de la Resolución impugnada y su Anexo (desde hoy, fecha de interposición del recurso, para las partes del proceso y desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado para terceros)". Ahora bien, tal decisión se produjo ope legis a tenor de lo dispuesto en los arts. 161.2 de la CE (LA LEY 2500/1978) y 77 de la LOTC (LA LEY 2383/1979) que, en caso de impugnación ante el Tribunal Constitucional de disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas, imponen, de forma automática y sin posibilidad de valoración alguna por el órgano judicial, la suspensión de la disposición o resolución recurrida hasta que el Tribunal resuelva ratificarla o levantarla en plazo no superior a cinco meses, salvo que, con anterioridad, hubiera dictado sentencia. Sin embargo, el Tribunal Constitucional si había emitido su parecer sobre la suspensión del acto impugnado en el seno del recurso de ampara promovido por los Diputados del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña respecto de los acuerdos de la Mesa de la Cámara que admitieron a trámite la propuesta de resolución sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales. En este caso, el Pleno del Tribunal Constitucional mediante ATC 189/2015, de 5 de noviembre de 2015 (LA LEY 153386/2015) , denegó la suspensión, señalando, entre otros extremos, de manera expresa que "En todo caso, no es posible compartir la afirmación de los recurrentes de que, de llegar a celebrarse el Pleno de Parlamento catalán previsto APRA el día 9 de noviembre, un posterior pronunciamiento del Tribunal no serviría para remediar "la desconexión del orden constitucional español, con ignorancia de todas las resoluciones que dicten las instituciones españolas, en particular este Tribunal Constitucional, y el inicio de un proceso constituyente en Cataluña para la secesión y la creación de una Republica catalana independiente". Sin desconocer el riesgo de que en el anunciado Pleno del Parlamento catalán se apruebe una resolución acorde con la propuesta tramitada, ello no debe llevar a distorsionar el momento asignado por el Ordenamiento constitucional a cada institución para ejercer su competencias." En este momento es a la propia Cámara autonómica a la que corresponde velar porque su actuación se desarrolle en el marco de la Constitución. El deber de fidelidad a la Constitución por parte de los poderes públicos (que en la STC 42/2014, de 25 de marzo (LA LEY 22394/2014) , FJ 4, fue destacado en relación con las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas) "constituye un soporte esencial del funcionamiento del Estado autonómico y cuya observancia resulta obligada" ( STC 247/2007, de 12 diciembre (LA LEY 185358/2007) , FJ 4). Por tanto, son las Asambleas parlamentarias, en su condición de poderes constituidos, las que, en primer lugar, deben velar por que sus decisiones se acomoden, en todo momento, a la Constitución y al resto del ordenameinto jurídico ( art. 9.1 CE (LA LEY 2500/1978) ), sin perjuicio de que la última palabra, cuando así se le pida, le corresponderá a este Tribunal Constitucional. Así ocurrió en la STC 42/2014, de 25 de marzo (LA LEY 22394/2014) , en la que este Tribunal enjuició, declaró inconstitucional y anuló parcialmente, la resolución 5/X del Parlamento de Cataluña (LA LEY 6999/2013), por la que se aprobó la denominada "Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña". Esta decisión pone de manifiesto el parecer del Alto Tribunal que no obstante reconocer el riesgo de que se aprobara la resolución que podría dar comienzo a un proceso constituyente para la secesión de Cataluña, consideró, y así lo explicó de forma expresa, que ello no debía llevar a su juicio a distorsionar el momento asignado por el ordenamiento constitucional a cada Institución para ejercer sus competencias, sin perjuicio de que la última palabra le correspondiera al propio Tribunal Constitucional. Implícitamente, es evidente que no apreció la existencia de delito, como lo atestigua que no hubiera deducido el oportuno testimonio mandando proceder conforme a lo dispuesto en el art. 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882) . Teniendo en cuenta lo anterior, debe recordarse una vez más que el Pleno del Ayuntamiento de Premià de Dalt en el que se aprobó una moción de apoyo de la Resolución 1/XI del Parlamento Catalán tuvo lugar el día 23 de Noviembre y la sentencia del Tribunal Constitucional por la que se declaró la inconstitucionalidad y nulidad de aquella resolución se dictó más tarde, el día 2 de diciembre de 2015. Además, el acto celebrado en el Ayuntamiento se encontraba dentro de sus propias competencias, y a través del mismo no se ejecutaba declaración alguna de independencia, porque de hecho no puede hacerlo al estar limitado su ámbito competencial al propio municipio, sino que se limitaba a mostrar su parecer y apoyar una resolución dictada por el Parlamento Catalán cuya constitucionalidad en ese momento únicamente se encontraba cuestionada. Se añade que hasta ese momento no se había iniciado ni se ha iniciado hasta el día de la fecha trámite alguno (querella, suplicatorio etc. ) para exigir por vía penal responsabilidad a todos o a algunos de los miembros del Parlamento Catalán o de los integrantes de las Fuerzas Políticas que habían impulsado aquella Resolución, y no parece que la conducta de los hoy denunciados merezca mayor reproche, y menos aún penal, que la actuación llevada a cabo por aquéllos que ha sido declarada inconstitucional por nuestro más Alto tribunal. En consecuencia, procede de conformidad con lo dispuesto en los arts. 774 (LA LEY 1/1882) , 777 y 779.1.1 ª (LA LEY 1/1882) y 313 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882) incoar diligencias previas y al mismo tiempo proceder al archivo de la causa por no ser los hechos denunciados constitutivos de infracción penal. Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación ACUERDO INOCAR Diligencias Previas, dando cuenta de su incoación al Fiscal. Aceptar la competencia para el conocimiento de las presentes actuaciones. Archivar la presente causa por no ser los hechos objeto de denuncia constitutivos de infracción penal. Notifíquese al Ministerio Fiscal. Contra este auto cabe recurso de reforma, en el plazo de tres días, ante este Juzgado Central de Instrucción, y/o, en su caso, recurso de apelación, en un solo efecto, para ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Lo acuerda, y firma Dª Carmen Lamela Díaz, Magistrada Juez del Juzgado Central de Instrucción número 3. Doy fe.- DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado; doy fe.