Chivatazos a discreción. A la caza del Faisán.
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El Mundo:
Algunos jugaron con ventaja. Tuvieron información privilegiada de cómo avanzaban las investigaciones del caso Faisán sobre el chivatazo policial a ETA. Según explicaron a este diario fuentes policiales, los investigadores del caso detectaron cómo al menos el que fuera director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, fue alertado de que sus teléfonos estaban intervenidos y sus conversaciones eran vigiladas. El aviso, este nuevo chivatazo, según estas fuentes, se produjo a finales de septiembre de 2006, dos meses después de que el juez Baltasar Garzón pasara a ocuparse de la instrucción.El aviso, este nuevo chivatazo, según estas fuentes, se produjo a finales de septiembre de 2006, dos meses después de que el juez Baltasar Garzón pasara a ocuparse de la instrucción. Fue en ese momento cuando los investigadores detectaron un muy ilustrativo bajón en la actividad de los teléfonos móviles de tarjeta prepago que estaban siendo investigados por el equipo dirigido por Carlos G. y cuyo uso se atribuía a García Hidalgo. También comprobaron una importante disminución en el volumen de llamadas del teléfono oficial que hasta ese momento era utilizado por el ex director de la Policía.
La convicción fue entonces clara: se había producido una fuga de información (y no la primera) sobre las investigaciones judiciales. Según estas fuentes, la alerta pudo haberse ampliado al resto de los presuntos implicados en la trama, pero en el que más claramente observaron el fin de las comunicaciones es en el caso de García Hidalgo.
Cuando se detectó el chivatazo, el entonces instructor de la causa, Fernando Grande-Marlaska, puso en marcha una doble investigación de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. En ambos casos, los encargados tenían la prohibición expresa de facilitar datos a sus superiores. La llegada de Garzón sacó a la Guardia Civil y dejó sola a la Policía Nacional, que mantenía la prohibición de dar información a sus superiores de la Comisaría General de Información.
Pero, según explicaron fuentes cercanas a los investigadores, el director general tuvo información de las pesquisas. Los encargados policiales detectaron movimientos telefónicos desde cabinas entre mandos relacionados con los investigados. Incluso, se constató cómo policías de la lucha antiterrorista contactaron con los investigados para que les llamaran desde «teléfonos seguros». Es decir, quedaba la constancia de que entre mandos de la Policía existía la sospecha de que estaban intervenidos los teléfonos de los citados como sospechosos en los informes.
Conviene recordar que en los escritos enviados por el equipo de Carlos G. al juez Garzón se explica que los investigados habían adoptado una serie de «medidas de seguridad» para «proteger la confidencialidad de sus comunicaciones». Trataban de blindarlas, lo que para los investigadores era un indicio más de su presunta implicación en el chivatazo a Joseba Elosua, dueño del bar Faisán y uno de los responsables de la trama de extorsión de ETA.
Una de estas medidas fue la activación casi simultánea de varias tarjetas telefónicas de Movistar. Todas prepago. En aquel momento, año 2006, no era necesario identificarse para adquirir este tipo de tarjetas.
En sus escritos, los investigadores hacen un detallado control comparativo de los teléfonos sospechosos prepago con los oficiales asignados por Interior a los investigados.
Así, en el informe remitido al juzgado de Garzón en enero de 2007, los policías detallaban el cruce de llamadas entre cinco teléfonos de tarjeta prepago utilizados, al menos, por el inspector de Vitoria que se presume que entregó el teléfono a Elosua, el jefe superior en el País Vasco (al que se atribuye el chivatazo) y el director general de la Policía. En el caso de este último, los investigadores averiguaron que, además del oficial, funcionaba con otros dos teléfonos con tarjetas prepago.
Uno de estos números es el que tenía en su poder el etarra Jon Iurrebaso, uno de los intermediarios del Gobierno en el proceso de paz. La Policía no logró acreditar a quién correspondía uno de esos teléfonos prepago; sólo que estaba siendo utilizado fundamentalmente en San Sebastián y que no pertenecía a ninguno de los investigados.
A requerimiento de Garzón, los investigadores detallaron en uno de sus escritos el número de copias que realizaron del informe matriz, en el que se detallaban sus acusaciones. Indicaron que de él y de sus anexos, firmados además de por Carlos G. por los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía 18.724, 78.870, 78.887 y 78.882, se realizaron dos copias. El original quedó en manos del juez. Una de las copias le fue entregada al Director Adjunto Operativo de la Policía y otra se la quedó el jefe del equipo investigador.
Además, para demostrar que las pesquisas estaban blindadas, los investigadores detallan: «Al haberse elaborado el informe 367/06 por los cinco funcionarios y con el fin de garantizar la confidencialidad de su contenido, se adoptó la precaución de confeccionar el mismo en disco duro externo (memoria USB), motivo por el que cada uno de los funcionarios están en posesión del archivo informático que contiene el borrador del precitado informe».
Un comisario apuntó al investigador
No aporta datos, sólo su impresión personal y profesional. Pero es uno de los pocos informes policiales que, además de los del equipo de investigación dirigido por Carlos G., constan en el sumario instruido por Garzón. Está firmado por el comisario José C., que cuando se produjo el chivatazo estaba destinado en la Comisaría General de Información. En su escrito, lanza sospechas sobre Carlos G. Apunta un comentario de este inspector jefe sobre el llamado ‘proceso de paz’. El mando policial asegura que el inspector, que llevaba meses tras la pista de la trama de extorsión de ETA presuntamente liderada por Joseba Elosua, se había mostrado en contra de actuar contra ella porque, a su entender, podía perjudicar el ‘proceso’.
Estos datos fueron aportados por el que fuera comisario de la Unidad Central de Inteligencia (UCI) de la Comisaría General de Información en aquellas fechas a requerimiento del entonces juez instructor de ese sumario, Fernando Grande-Marlaska. Este comisario envió al menos tres informes a este magistrado y otros dos a Baltasar Garzón cuando éste retornó a su juzgado tras su estancia en Estados Unidos.
El responsable de la UCI se refería así a los comentarios que, durante las reuniones preparatorias para desmantelar la trama del ‘impuesto revolucionario’, asegura que realizó el inspector jefe Carlos G., entonces jefe de la sección de Economía de la Unidad Central de Inteligencia.
Pero en su informe, además de aportar comentarios que se presume que escuchó a Carlos G., el comisario de la UCI no da indicios, ni pistas ni aporta pruebas que sostengan que fue el responsable de la investigación el mismo que dio el chivatazo a ETA.
De hecho, ni Grande-Marlaska inicialmente, ni después Baltasar Garzón, llamaron a declarar a Carlos G. tras la denuncia de su superior.
De hecho, Carlos G., pese a haber enviado cinco informes a la Audiencia Nacional sobre sus investigaciones, no ha sido citado a declarar por el instructor ni una sola ocasión. Ni siquiera, como recuerdan fuentes policiales, ha sido llamado a instancias de la Fiscalía para que ratificara sus informes, para que diera fe de que esos escritos presentados ante el juez eran sus conclusiones. Como recuerdan las partes, éste es otro de los puntos pendientes de la investigación.
EL MUNDO, 1/2/2010